La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al brigadier general en retiro del Ejército Nacional, Mauricio José Zabala Cardona, por su presunta implicación en delitos de acoso sexual contra una subteniente y una contratista civil en una unidad militar ubicada entre Tumaco y Pasto, Nariño.
La investigación revela que, entre 2018 y 2019, Zabala Cardona, en su rol de comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido 2 (FUDRA 2) en el Batallón de Selva N° 53, habría utilizado su rango y autoridad para realizar comentarios ofensivos e insinuaciones sexuales hacia una subalterna y una civil.
Detalles de los casos:
El primer caso implica a una subteniente que, tras rechazar las pretensiones del general (r), sufrió represalias. Al parecer, el oficial impartió órdenes para limitar su contacto con personal masculino, la amenazó con investigaciones y anotaciones negativas en su hoja de vida, y se burló públicamente de ella.
Además, dispuso a su grupo de escoltas para controlar sus actividades y le ordenó cambiar la foto de su perfil en redes sociales, enviándole mensajes continuos por mensajería instantánea.
El segundo caso involucra a una contratista de prestación de servicios que trabajaba como archivista. Según relata la Fiscalía, Zabala Cardona realizó insinuaciones sexuales a cambio de renovar su contrato laboral. Al rechazar estas insinuaciones, la mujer fue víctima de asedio y no pudo continuar en su cargo.
Víctimas vulneradas
La investigación, liderada por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y con un enfoque diferencial de género, concluyó que las víctimas fueron vulneradas en su libertad sexual y sufrieron un profundo choque emocional.
La formalización de la acusación subraya la gravedad de los hechos y el compromiso de las autoridades en proteger los derechos de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
Respuesta del Ejército
Desde que inició la investigación desde el 2019, en ese momento, el Ejército aseguró que “se ordenó la conformación de un Comité de Convivencia para atender la situación conocida, en procura de establecer las acciones jurídicas a que hubiera lugar”.
La información añade que “una vez se conocieron los hechos, se adoptaron medidas asistenciales, sicológicas y jurídicas frente al caso particular conocido en pro de garantizar la confidencialidad de las presuntas afectadas”.
En la comunicación, el Ejército no menciona a ninguna persona en específico, pero explica que una vez se conozcan las investigaciones del Comité “los hechos se pondrán en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación al ser esta entidad la competente para adelantar las investigaciones disciplinarias”.