La Defensoría del Pueblo reportó 297 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia entre enero y el 3 de diciembre de 2024, según los datos recopilados a través de su botón de registro. La entidad advirtió que este fenómeno podría estar subestimado debido al subregistro existente y llamó a implementar medidas más contundentes para prevenirlo.
Según las cifras proporcionadas, el 63 % de las víctimas fueron niños y adolescentes, mientras que el 37 % correspondió a niñas y adolescentes.
En términos de pertenencia étnica, el 51 % de los menores afectados pertenece a comunidades indígenas, el 8 % son afrocolombianos, y el 27 % no reporta grupo étnico.
En cuanto a los presuntos responsables, las disidencias de las FARC fueron señaladas en el 73 % de los casos, seguidas de grupos sin identificar (20 %) y organizaciones criminales, incluyendo el ELN y otros grupos armados, que representaron un 7 % en conjunto.
Departamentos más afectados por reclutamiento forzado de menores
Los departamentos más afectados incluyen Cauca, con 214 casos, Valle del Cauca (18), Putumayo (12) y Arauca (10). En contraste, regiones como Cundinamarca, Bolívar y Amazonas reportaron cifras menores, con uno a tres casos cada una.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo informó que realizó la primera reunión para conformar una Mesa Técnica de Trabajo Permanente en colaboración con el Departamento Nacional de Planeación.
Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, el objetivo será construir una agenda conjunta enfocada en cuatro puntos estratégicos: soluciones duraderas para víctimas de desplazamiento forzado, inteligencia artificial, sistema penitenciario y carcelario, y la mejora del Sistema de Alertas Tempranas.
“Es fundamental trabajar de manera coordinada para garantizar una respuesta oportuna y efectiva frente a las recomendaciones emitidas”, expresó la Defensoría a través de la red social X, destacando que también se enfocarán en atender problemáticas específicas en los territorios.
Con estas acciones, la entidad busca reforzar las políticas públicas y garantizar un enfoque de derechos que permita enfrentar de manera integral esta problemática que continúa afectando a las comunidades más vulnerables del país.
*Con información de Colprensa.