La cifra de 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’, anunciada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021, sigue siendo uno de los puntos más controversiales en el debate sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional durante el conflicto armado en Colombia.
Este dato, que proviene de investigaciones realizadas por la JEP, ha sido puesto en duda por algunos sectores, al punto de que el tribunal de paz tuvo que revelar uno por uno los nombres de 1.934 víctimas, que hacen parte del Caso 03 que documenta esas ejecuciones extrajudiciales.
El número se refiere a las víctimas civiles asesinadas por miembros de la fuerza pública que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, en una práctica que se extendió durante los años más críticos del conflicto, especialmente entre los años 2002 y 2008 en gran parte de todo el territorio nacional
“Mientras no conozcamos toda la verdad y no dignifiquemos a cada víctima, nuestro trabajo no estará completo”, afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien se preguntó: “¿Por qué no exigimos, como sociedad, que se publiquen los nombres de los más de 4500 militares investigados?”, señalando que ellos también deberían enfrentar el escrutinio público.
¿Cómo se calculó la cifra de 6402 víctimas?
La cifra de 6402 víctimas de ‘falsos positivos’ proviene de una recopilación de información realizada por la JEP, que a su vez se basó en varias fuentes, entre ellas testimonios de exmiembros del Ejército, informes de derechos humanos y documentación interna de las Fuerzas Armadas.
Según la JEP, los documentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y otras entidades que participaron en el proceso de justicia transicional contribuyeron a verificar la existencia de estas víctimas.
Además, se han incluido las denuncias de familiares y organizaciones no gubernamentales que han señalado que muchos de los muertos no eran guerrilleros, sino personas ajenas al conflicto que fueron víctimas de un sistema de recompensas que incentivaba las muertes falsas de combatientes.
La JEP afirmó que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg, dado que el proceso de identificación continúa y podrían sumarse más casos a medida que avance la investigación. La JEP también ha hecho énfasis en la importancia de la reparación a las víctimas, y ha explicado que la cifra es producto de un análisis riguroso y minucioso, basado en evidencias claras.
El apoyo de la JEP a la cifra
La Jurisdicción Especial para la Paz, en su informe, sustentó la cifra de 6402 víctimas de ‘falsos positivos’ con el testimonio de miles de excombatientes que han colaborado con la justicia transicional.
Estas personas han reconocido el involucramiento directo en los hechos y han proporcionado detalles sobre cómo operaban las unidades militares que cometían estos crímenes, asegurando que la práctica de presentar civiles como muertos en combate era una política sistemática promovida por altos mandos.
Además, las investigaciones han incluido análisis de las fosas comunes donde muchos de los cuerpos fueron enterrados, así como la comparación de datos con otras bases de información proporcionadas por diversas instituciones.
El sustento de los informes de la JEP también se basa en el trabajo de la Fiscalía y otras entidades judiciales que participaron en el proceso de investigación, aunque no todas las cifras coinciden, lo que genera controversia entre expertos y defensores de derechos humanos.
El negacionismo de los ‘falsos positivos’
Sin embargo, la cifra de 6402 víctimas de ‘falsos positivos’ ha sido rechazada por algunos sectores políticos y militares. Varios exfuncionarios de gobierno y líderes políticos han cuestionado el número, sugiriendo que podría estar inflado para afectar la imagen de las Fuerzas Armadas.
Ramelli hizo un llamado contundente contra el negacionismo al destacar la importancia de honrar la memoria de las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por quienes tenían el deber de protegerlas.
“El imperativo es combatir el negacionismo inclemente e impúdico de quienes aún se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos, como si haber asesinado a tan solo uno no hubiese bastado para el reproche”, enfatizó.
Este rechazo también se ha visto reflejado en los debates parlamentarios, donde varios congresistas han argumentado que la cifra presentada por la JEP no refleja la realidad de los hechos y que el número de víctimas podría ser mucho menor.
Miguel Polo Polo, uno de los congresistas que cuestionó abiertamente los datos de la JEP, protagonizó una polémica al deshacerse de forma simbólica de las botas colocadas por las madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la plaza del Congreso.
Uno de los argumentos centrales de quienes niegan la magnitud de los ‘falsos positivos’ es que las investigaciones no han sido suficientemente exhaustivas y que hay fallos en la recopilación de evidencia.
Además, algunos sostienen que la cifra podría estar basada en casos no completamente verificados, lo que podría dar una visión distorsionada de lo sucedido.
El negacionismo de esta cifra ha sido calificado por las víctimas y organizaciones de derechos humanos como un intento de restar responsabilidad a quienes fueron responsables de los crímenes.
La respuesta de víctimas y defensores de derechos humanos
Por otro lado, las víctimas de los ‘falsos positivos’ insisten en que la cifra es correcta y refleja la magnitud de un crimen que marcó profundamente la historia reciente del país.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la minimización de los hechos por parte de sectores cercanos al Gobierno, subrayando que la justicia transicional, liderada por la JEP, tiene como objetivo precisamente reconocer la magnitud de estos crímenes y reparar a las víctimas de manera integral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los intentos de negación de los ‘falsos positivos’ y ha instado al Estado colombiano a mantener su compromiso con la justicia y la reparación.
La preocupación de estas organizaciones radica en que, al negar los hechos, se corre el riesgo de repetir los errores del pasado y no garantizar que los responsables sean efectivamente llevados ante la justicia.
El futuro de las investigaciones
El futuro de las investigaciones sobre los ‘falsos positivos’ está marcado por el continuo trabajo de la JEP, que sigue analizando nuevos casos y buscando testimonios adicionales. Las repercusiones políticas también continúan con la oposición al Gobierno actual utilizando el tema como una bandera para criticar la implementación de la paz y la justicia transicional.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha señalado la importancia de enfrentar la verdad histórica para garantizar que no se repitan los crímenes del pasado y que las víctimas obtengan justicia.
La JEP anunció que hará pública la identidad del total de las víctimas involucradas en el Caso 03 una vez concluyan las labores de contrastación judicial y termine la fase nacional del proceso.
La decisión de retrasar la divulgación de los nombres responde al compromiso de respetar la dignidad de las familias afectadas, garantizar la protección de la investigación judicial en curso y tomar en cuenta las condiciones de seguridad de las personas involucradas.
Esta medida busca asegurar que el proceso se realice con la debida cautela y respeto a las víctimas y sus seres queridos.
Las investigaciones sobre los ‘falsos positivos’ seguirán siendo una de las principales pruebas de la efectividad de la justicia transicional en Colombia, mientras la sociedad se enfrenta a la difícil tarea de reconciliarse con uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente de nuestro país y que espera que bajo ninguna circunstancia se repita.