Por Colprensa
Hace menos de dos semanas el país entero vio como llegada el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para cumplir una función de gestor de paz y a los pocos días, desde una celda en la cárcel La Picota, asistió a una audiencia virtual para que un juez le escuchara y definiera si podría quedar en libertad.
Así como lo sucedido con Mancuso, la justicia colombiana tomó como permanente este recurso que llegó de urgencia por la pandemia del Covid-19 en 2020 cuando todo se paralizó, incluso los procesos judiciales y la única forma que tuvieron para se discutieran fue la virtualidad.
De acuerdo con cifras del Consejo Superior de la Judicatura y que se divulgaron en el Congreso de la República, hasta antes de la pandemia con la virtualidad a penas se realizaban unas 50 audiencias diarias de manera presencial en todo el país, pero hoy casi cuatro años después de la implementación de esta herramienta se programan entre 5 mil y 7 mil audiencias virtuales por día.
La virtualidad ha sido destacada por los propios jueces como una forma adecuada para que el aparato judicial falle muchos procesos que en promedio han contribuido a desatrazar cerca de dos años con respecto al modelo de la presencialidad como operaba hasta entonces la justicia
Hoy por hoy, la virtualidad opera ya en 125 cárceles, frenando así la posibilidad de fuga de los presos, como también el uso de grandes esquemas de seguridad para garantizar para proteger a los detenidos.
En el Congreso de la República, el senador de En Marcha, Gustavo Moreno, fue el ponente de un proyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial, la cual entre otros aspectos se podrá aplicar en la operatividad del sistema judicial.
Moreno, incluso en un panel que realizó el Consejo Superior de la Judicatura sobre los proyectos de ley en inteligencia artificial y la administración de justicia que hoy hacen trámite en el Senado, resaltó como debe ser ese marco jurídico claro.
Para la agilidad de las audiencias virtuales que se desarrollan en el país, en la actualidad, se tiene una plataforma tecnológica conocida como “livesafe”, que tiene una capacidad para que más de 6.500 funcionarios judiciales en todo el país se puedan conectar sin ningún inconveniente y de manera segura.
Con esa virtualidad las diligencias quedan grabadas en tiempo real y la conexión desde cualquier dispositivo como celular o computador es relativamente sencilla y se puede hacer no solo desde Colombia, sino desde cualquier lugar del mundo, como pasó precisamente con Mancuso hasta antes de llegar a Colombia la semana anterior.
Otra de las ventajas que ha traído esta tecnología es que si un testigo protegido requiere declarar lo puede hacer virtualmente sin exponer su vida y su integridad, garantizando simultáneamente su testimonio.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, ha estado al frente de crear la regulación en de inteligencia artificial (IA) para la justicia en Colombia, quien considera que se debe dar bajo tres aspectos claves. Uno la aplicación práctica, viable y sostenible de estas tecnologías; dos, la generación de conocimiento y de capacidades que faciliten esa aplicación y tres desarrollar ejercicios colaborativos de construcción sobre los entornos y condiciones regulatorias de la IA.
El integrante de la comisión de expertos para la reforma a la justicia, el líder sindical de Asonal, Fredy Machado, sostiene sobre la virtualidad que “llegó para quedarse, que los jueces antes estaban limitados por la falta de salas de audiencia y ahora no, pero también para que el usuario economice y no se desplace hasta los Palacios de Justicia, pero también para proteger a los testigos, a las víctimas”.
Machado estima que lo malo es el servicio de internet porque es limitado, como también que en algunas ocasiones se han presentado abusos con el uso de la virtualidad.