La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha decidido abrir una investigación formal contra el exsenador Armando Benedetti por el presunto delito de concusión, en relación a hechos que habrían ocurrido durante su periodo en el Senado.
La investigación se basa en acusaciones que señalan que Benedetti habría exigido beneficios económicos y otras ventajas indebidas a cambio de influir en decisiones legislativas. El delito de concusión implica el uso indebido de la posición de poder para obtener beneficios personales o para terceros, lo cual constituye una violación de la ética y la legalidad.
Así lo confirmó la Corte Suprema en su cuenta de X:
Lo llamaron a indagatoria
Las acusaciones que rodean este caso se centran en supuestas exigencias de dinero realizadas por Benedetti en 2010. De acuerdo con las informaciones disponibles, se habría alegado que el excongresista habría solicitado pagos a la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los desembolsos de derechos pensionales para docentes en el departamento de Córdoba, específicamente en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.
El proceso de investigación busca determinar si Armando Benedetti, en su calidad de congresista en ese entonces, habría solicitado beneficios económicos a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales relacionadas con pensiones y liquidaciones administradas por la Fiduprevisora. La presunta exigencia de dinero se habría realizado con la finalidad de garantizar que se efectuara el pago de estas pensiones vitalicias y liquidaciones.
La citación a indagatoria representa un paso importante en el proceso judicial, ya que permite a las autoridades competentes obtener la versión del investigado y recolectar pruebas adicionales para esclarecer los hechos en cuestión. La investigación en curso busca determinar si hubo conductas indebidas de parte de Benedetti y si estas se enmarcan en el delito de concusión.
Benedetti habló sobre la investigación contra el Grupo Aval y Corficolombiana: “Fui el primero en denunciar todo”
El exsenador Armando Benedetti ha compartido su opinión en su cuenta de Twitter respecto a las investigaciones que involucran al Grupo Aval y su filial Corporación Financiera Colombiana S. A. (Corficolombiana) por presuntos sobornos en el caso de la licitación de la Ruta del Sol II, relacionada con la constructora Odebrecht.
Benedetti trinó: “Odebretch - LCS - Grupo Aval - Fiscalía: Fui el primero en denunciar todo lo que se ha confirmado en los estrados judiciales. La prueba está en los videos del 15 de nov y el 5 dic de 2017, que la prensa no difundió por presión de los poderosos. ¡Nadie puede sacar pecho como yo!”.
Este mensaje del exsenador hace referencia a su denuncia pública de los hechos relacionados con el caso Odebrecht y su presunta implicación en Colombia, que habría hecho anteriormente en medios de comunicación. Benedetti sostiene que su postura sobre el caso se fundamenta en pruebas audiovisuales que habría presentado en noviembre y diciembre de 2017.
Cabe destacar que el Grupo Aval y su filial Corficolombiana enfrentan una situación legal compleja en relación con la licitación de la Ruta del Sol II. La Securities and Exchange Commission (SEC), entidad reguladora de valores en Estados Unidos, multó al Grupo Aval por 40 millones de dólares debido a presuntas violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
Según la SEC, Corficolombiana, a través de su expresidente José Elías Melo Acosta, habría sobornado a funcionarios del gobierno colombiano para lograr una extensión de contrato en el proyecto de infraestructura de la Ruta del Sol II. En el comunicado emitido por la SEC se afirma que al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos fueron realizados con conocimiento y aprobación de Melo Acosta.
La SEC también indica que Corficolombiana acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagar más de 20 millones de dólares para resolver cargos penales. Además, se señala que Corficolombiana habría otorgado beneficios financieros indebidos a Grupo Aval por un total de aproximadamente 32 millones de dólares.
El Grupo Aval y Corficolombiana aceptaron una orden de cese y desistimiento por violaciones contables y antisoborno. En un comunicado, el Grupo Aval expresó que reconoce su responsabilidad bajo la ley estadounidense por la conducta del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta.