Este viernes, 28 de julio, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, porque presuntamente sería el culpable de haber pagado un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
La acusación fue avalada por el Juzgado 26 penal de Circuito de Bogotá, ya que Abadía estuvo vinculado a la investigación penal por el escándalo del cartel de la toga en junio de 2022. Varios testigos lo habrían señalado como supuesto beneficiario de la red de sobornos que se desarrolló en la alta esfera de la justicia.
Así entonces, la Fiscalía imputó a Abadía por el delito de cohecho por dar u ofrecer, porque, presuntamente, el ex gobernador del Valle, intentó dilatar un proceso penal que marchaba en su contra por hechos de corrupción cuando ocupó este cargo durante el 2008 y 2010. En dicha imputación se declaró inocente, por lo que ahora el organismo de control, lo llamó a juicio penal. La audiencia Preparatoria quedó programada para el próximo viernes 1 de septiembre, desde las 8:00 am.
De acuerdo con los elementos probatorios, el exjefe departamental, le habría entregado $400 millones a Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción en 2014. Luego, este dinero fue redireccionado al exmagistrado, Francisco Ricaurte, quien hoy enfrenta una condena.
Abadía habría contratado a Moreno Rivera, para que llevara su caso en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El motivo: presuntas irregularidades en un un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.
En ese orden, Abadía, al parecer, pago para que dichas investigaciones que se adelantaban en su contra en la Fiscalía fueran archivadas o retardadas. Además, este estaría buscando que se le formulara ninguna imputación ni se pidiera medida de aseguramiento, por lo que acordó con un fiscal delegado ante la Corte, que se retrasara el avance de la actuación y a cambio se le garantizaría al funcionario la continuidad en el cargo que en ese momento ejercía.
Juan Carlos Abadía Campo, llegó a la Gobernación del Valle el 1 de enero de 2008 y terminó su mandato el 5 de mayo de 2010, cuando por orden de la Procuraduría fue destituido por participación en política e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos.
Los hechos se relacionan con la reunión que promovió el Mandatario seccional en el criadero La Leyenda, del corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, el 20 de febrero de 2010 y a la que asistieron, además de 21 alcaldes, el entonces precandidato a la consulta conservadora Andrés Felipe Arias.
El fallo, leído el 5 de mayo de 2010 en audiencia pública en Bogotá por la presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño, dice que Abadía “instrumentalizó su cargo y utilizó su investidura para participar en política”, pues “su conducta permisiva se constituyó en abuso de poder y desvío del mismo”.
Abadía apeló el fallo y veinte días después, el martes 25 de mayo de 2010, La Procuraduría General de la Nación ratificó, en segunda instancia, la destitución de Juan Carlos Abadía como Gobernador del Valle y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante diez años, por indebida participación en política.
Cabe recordar, que Juan Carlos, es hijo de Carlos Herney Abadía Campo; influyente senador, vinculado al escándalo del Proceso 8000 y condenado por enriquecimiento ilícito.
El exgobernador del Valle, empezó el bachillerato en el colegio Liceo de los Andes de Buga y lo terminó en el Colegio Patria en Bogotá. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Santiago de Cali y se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad Libre de Colombia, en su sede de Cali.