Por: Unidad Investigativa de El País
El País felicita a su reportero Hugo Mario Cárdenas, merecedor del premio Gerardo Bedoya Borrero de la Gobernación del Valle, en la categoría: ‘mejor artículo de prensa’. Reproducimos completamente la publicación laureada.
Cuando el candidato conservador Gustavo Vélez ganó las elecciones locales el pasado 31 de octubre, la banda criminal La Inmaculada o La Oficina de Tuluá, perdió literalmente la Alcaldía.
Porque lo que estaba en juego para la estructura delincuencial no era solo la lucha frontal que anunció Vélez en campaña contra la delincuencia, sino el poder que habían copado durante el gobierno de John Jairo Gómez Aguirre (2020-2023), en el que tenían control sobre cuatro secretarías: de Movilidad, Planeación, Hacienda y Comunicaciones, según información recopilada por las autoridades.
La administración anterior, explica el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, “tenía personas de esa organización ilegal (La Inmaculada) en todas las dependencias. Lo que pasa es que eran contratistas y todos salieron; quedó la gente de planta, y la gente de planta creemos que es gente buena. Además, el 60% o 70% de ellos los conocíamos de antes; pero tenían totalmente permeada la administración”.
La ‘joya de la corona’ para la banda delincuencial era la Secretaría de Movilidad; la misma que en campaña le habrían pedido a otros aspirantes a la Alcaldía como condición para dejarles hacer proselitismo en la ciudad.
El manejo de Movilidad les permitía controlar toda la ciudad. De esa forma estructuraron una red de la que hacían parte empresas de transporte, taxistas, motorratones y los propios agentes de Tránsito que eran utilizados para los propósitos ilícitos de la banda. Incluso, varios de ellos se encuentran presos, en juicio, muertos o prófugos por su pertenencia a la estructura.
“A través de Movilidad, la banda La Inmaculada o La Oficina de Tuluá sabía quién entraba o salía de la ciudad, por dónde se movía, qué carro matriculaban; o sea, hacían todo un ejercicio para controlar el territorio y le hacían seguimiento a la gente a través de los guardas de Tránsito”, explica un dirigente político tulueño.
Igualmente, se ha podido establecer que varios de los crímenes cometidos por esta estructura delincuencial, que tenía candidato propio a la Alcaldía, se hizo con ayuda de los mismos agentes de Tránsito, quienes se encargaron no solo de servir en ocasiones como informantes, sino de movilizar en los vehículos oficiales armas, drogas y servir de escoltas a los líderes de esta banda delincuencial.
“Vamos a hacer un rediseño institucional para que los agentes de Tránsito no sigan prestando ese servicio, y buscar un convenio con la Policía para que se encarguen de todo el manejo de movilidad. Los guardas por ahora los tengo como reguladores de tránsito y no tienen movilidad asignada para evitar que se presten para lo que hacían antes y los vehículos, motos y carros, están por ahora en custodia”, explica el alcalde Vélez.
Más insólito aún, es que durante el empalme se conoció que Tuluá tiene un agente de Tránsito que está en licencia en España hace más de un año, recibiendo salario, y que no se encuentra en el país porque tiene orden de captura, es prófugo de la justicia y es buscado en todo el mundo con circular roja de la Interpol.
Curiosamente, el pasado jueves se le vencía la licencia al agente Alejandro Tangarife y envió un radicado virtual al nuevo gobierno solicitando una extensión de su licencia remunerada.
Todo tenía un propósito
El control de la banda criminal La Inmaculada o La Oficina de Tuluá sobre las otras tres secretarías en la Alcaldía no eran por capricho o por casualidad.
A través del personal que tenían dentro de la Secretaría de Hacienda, los integrantes de la banda criminal les entregaba a sus cabecillas información sobre cuánta plata movían los establecimientos comerciales, o las actividades comerciales, cuánto sumaba su declaración de ingresos y sabían también cómo eran los pagos que recibían, por qué valores y en qué fechas para que la banda pudiera llamarlos a cobrar la extorsión.
“En el caso de la extorsión, la finalidad no es la extorsión en sí misma. La extorsión es el medio para ir secando a los comerciantes, para irles quitando toda la plata que tengan y lograr luego que ellos abandonen su actividad económica. Entonces mucha gente tuvo que irse, como los dueños de los fruver, y entonces luego los de la banda criminal montan los negocios de ellos y empiezan a manejar los precios del mercado. No hay economía más rentable hoy en Tuluá que los productos de la canasta familiar”, explica Martín Hincapié, secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia del municipio de Tuluá.
De esta forma la banda La Inmaculada o la Oficina de Tuluá pasó de la simple extorsión a comerciantes en las plazas de mercado a ir acaparando la comercialización de los productos básicos de la canasta familiar. Una incursión en el mercado legal que empezó con la imposición de condiciones para quienes comercializan cilantro, pero que con el paso de los días fueron controlando y equiparando a sangre y fuego los llamados carteles de la cebolla, de la papa, del huevo, del plátano y del pollo, entre otros.
“Además de esos carteles que ya es conocido que vienen manejando, estamos investigando también los nuevos negocios en los que ha incursionado esta banda criminal a través de testaferros y luego de obligar mediante extorsiones y amenazas que quienes trabajan en el sector productivo tengan que abandonar sus establecimientos comerciales para remplazarlos por los de ellos mismos. Una práctica que tiene como finalidad el lavado de dinero del microtráfico y otras actividades ilícitas”, indicó una fuente de la Fiscalía.
La Oficina de Tuluá surgió hace cerca de 15 años en el barrio La Inmaculada y fue ese el nombre que en principio adoptó. “Con la caída de su primer cabecilla, John Estiven Idrobo, asumió el mando Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, un devoto de la virgen de Guadalupe que se convirtió en objetivo de las autoridades luego de la extorsión y las amenazas de muerte contra Faustino ‘Tino’ Asprilla.
Tras la captura de ‘Porrón’ en febrero del 2015, “asumió el mando de la banda criminal alias Pipe, quien al terminar tras las rejas cedió el mando a sus hermanos: ‘Care Vieja’, ‘Nacho’ y una mujer, que es la que viene ejerciendo control del microtráfico en la ciudad y centros de distribución en La Inmaculada, El Paraíso, Nuevo Farfán y otras zonas donde hay ollas de vicio”, dijo recientemente una fuente.
El uso de otras dependencias
La infiltración en la administración anterior de Tuluá le permitió a la banda La Inmaculada tener también en su control la Oficina de Planeación, lo que les garantizaba a sus cabecillas conocer sobre todo lo referente a licencias de urbanismo, subdivisiones y construcciones, entre otras actividades.
Pese a que Planeación no podía expedir licencias nuevas, en el gobierno anterior lo siguieron haciendo como negocio, dicen fuentes judiciales, y varias de ellas serán investigadas y probablemente revocadas porque quedaron mal expedidas o con información falsa, en las que se advierten intenciones criminales.
Otro de los tentáculos de La Oficina de Tuluá alcanzó también hasta la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, y han tenido conocimiento las autoridades que era allí donde laboraba la persona que hacía el contacto directo entre Andrés Felipe Marín, alias Pipe, máximo cabecilla de La Inmaculada o la Oficina de Tuluá, y presuntamente el saliente alcalde John Jairo Gómez.
Pero la desconfianza sobre la capacidad que tuvo la banda criminal para infiltrar instituciones también recae sobre la Policía local. Por pedido del gobierno de Gustavo Vélez se ha logrado el cambio de comandante de Distrito, comandantes de estaciones, comandante de la Sijin, comandante del Gaula, entre otros, con el único propósito de ir depurando las entidades y eliminando personas cercanas a la estructura delincuencial.
De hecho, el pasado viernes la organización criminal emitió un comunicado en el que le anuncia al alcalde Vélez que tienen gente infiltrada hasta en su propia casa: “Somos capaces de metérnosle a la casa por el techo al que sea y les vamos a demostrar” que podemos hacerlo, así como lo hicimos en La 14, en el coliseo de ferias, en la clínica y hasta afuera del comando (de la Policía de Tuluá)”.
Pero borrar la huella de La Inmaculada en la administración municipal no va a ser una tarea fácil. Sobre todo ahora que el grupo perdió espacio en algunas dependencias, pero que vendría pugnando fuerte por poner un personero de bolsillo.