El 2019 no solo será recordado por el Bicentenario del Ejército, sino por ser el año en el que la institución atraviesa por una de sus más grandes crisis. Una avalancha de señalamientos de corrupción involucra a oficiales de alto grado y por los cuales avanzan investigaciones en la Fiscalía y se iniciaron otras en la Procuraduría.

Lo que se conoció este lunes llegó por parte del Ministerio Público. Fernando Carrillo, jefe de la Procuraduría, dijo que se ordenó la apertura de tres investigaciones, todas relacionadas con los presuntos actos de corrupción por parte de los generales que fueron mencionados en la publicación de la revista Semana de su más reciente edición.

La primera relacionada con la presunta exigencia de dinero por parte del general Adelmo Fajardo, segundo al mando del Ejército, porque, al parecer, coaccionó subalternos para que le consiguieran dinero para gastos personales y de familiares.

La segunda línea de investigación afecta al general Jorge Romero, de quien se dice estaría involucrado con la expedición irregular de salvoconductos para el porte de armas cuando estuvo al mando de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín. Romero, actualmente, hace parte del Comando de Acción de Apoyo Integral.

Esta unidad para muchos es desconocida, pero ha sido un pilar fundamental en el trabajo social que desarrollan los soldados del país. Es considerado el brazo no armado del Ejército y su comando fue creado en 2017 como un apoyo clave en lo que se llamó la consolidación del territorio tras la firma de los acuerdos de paz.

El tercer expediente en manos de la Procuraduría tiene como investigado al general Eduardo Quirós, al mando de la Contrainteligencia, sobre quien recaen sospechas por el supuesto ofrecimiento de dinero o largos permisos para quien entregara nombres y datos de las personas que filtraron documentos a los medios de comunicación sobre las irregularidades referentes a la polémica directriz de efectividad en las operaciones.

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Según trascendió, los procuradores judiciales que están a cargo del tema analizan si mayores y coroneles habrían participado en actos de corrupción para presionar ascensos y nombramientos.

Desde la Procuraduría también se informó que en las pruebas que se ordenaron está una revisión a los procedimientos que se surtieron en la Inspección del Ejército por el presunto requerimiento de dinero por parte de oficiales, el traslado de copias a la Fiscalía y las actuaciones surtidas en la oficina de Personal del Ejército.

La sospecha es que las actuaciones en la Inspección del Ejército estuvieron engavetadas largo tiempo. El tema no es menor ya que en el tiempo en el que se presume no hubo tales procedimientos, la Inspección estuvo a cargo del general Nicacio Martínez, hoy comandante de las tropas.

Silencio incómodo

Desde el mismo sábado cuando se conocieron las denuncias se insistió por una respuesta por parte de Martínez, pero la misma se conoció solo hasta la madrugada de este lunes a través de un mensaje en Twitter.

El alto oficial recalcó que cuando estuvo al frente de la Inspección no tuvo conocimiento de denuncias en contra de los generales mencionados en la publicación. Pero reconoce que atendió una inspección judicial por parte de la Fiscalía “por hechos ocurridos en la Cuarta Brigada, de los que no conozco los detalles, los supuestos implicados y el avance de la investigación”.

Al consultar por dichas investigaciones, Fabio Espitia, actual Fiscal General encargado, dijo que hay unas pesquisas que se iniciaron “desde junio del año pasado por parte de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se corrió traslado de esa investigación a Medellín”.

Espitia aclaró que en estos expedientes se presume existe una eventual participación de miembros de la Fuerza Pública, pero no precisó qué tipo de actuaciones procesales se han surtido en torno a este episodio.

Pese a que ha pasado un año sin que se conozcan decisiones de fondo sobre el caso, Espitia se defendió y aseguró que “la Fiscalía ha sido extremadamente diligente ya que en menos de un año se logró una investigación tan compleja en temas de contratación dentro de las Fuerzas Armadas. Ha sido una investigación bastante rápida”.

Espitia, pese a la “rapidez” que habla de esta investigación, no se comprometió a dar tiempos de posibles conclusiones de esta investigación.

Gobierno tomará medidas

El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, anunció que este  martes el Gobierno Nacional estará anunciando una serie de medidas “administrativas y disciplinarias” contra los militares que están implicados en casos de corrupción, y a la vez señaló que no serán ni “indulgentes ni temerarios, pero sí diligentes”.

Así lo dijo el ministro Botero en una declaración en la Casa de Nariño, desde donde además manifestó que “las medidas administrativas que se tomarán, serán oportunas y en la mayor brevedad”.

Botero insistió que la indicación del presidente Iván Duque es “cero tolerancia”. Sostuvo además que ofreció a la Fiscalía, Controloría y Procuraduría, toda la colaboración para que se siga adelante con las investigaciones que se requieran.

“Toda nuestra capacidad institucional está al servicio de esos procesos”, manifestó tras señalar que los órganos de control le dan la confianza al ciudadano que se están adelantando los proceso de forma correcta.
Botero cerró su declaración insistiendo que “debemos ser claros, no vamos a ser ni indulgentes ni temararios, pero sí diligentes”.

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Más del escándalo

El comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, dijo que no conoció durante su desempeño como Inspector General de la institución las denuncias sobre corrupción contra varios oficiales que, según reveló la revista Semana, son investigados por las autoridades.

”Durante el tiempo que estuve como Inspector General no conocí denuncia alguna o directa contra los señores generales mencionados en el artículo”, indicó Martínez en un comunicado.

Semana aseguró el domingo que las denuncias de corrupción contra generales del Ejército Nacional que son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría han provocado una nueva persecución en las Fuerzas Armadas, como ya ocurrió en mayo pasado con quienes advirtieron del posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como ‘falsos positivos’.