Multar a los caleños por el uso de vidrios polarizados, como está establecido en el Decreto del Ministerio de Transporte 3777 del 2003, no solo es inoportuno sino alevoso ante la realidad que vive Cali.
Así lo han considerado sectores políticos y sociales en la capital del Valle, ante las voces que advierten el inicio de operativos en la ciudad y que sancionarían con multas de $234.000 a quienes lleven polarizados no permitido en sus vehículos.
“Total y absolutamente inconveniente esa política en estos momentos porque pese a la mejoría que se siente en materia de seguridad, Cali sigue siendo la ciudad más insegura del país, por lo menos en cuanto a percepción. Y castigar a la gente por usar la única herramienta real que tienen las personas que poseen un vehículo para medio blindarse, es una postura que va en contra de la misma ciudadanía”, dijo el concejal Fernando Tamayo.
De acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Cali presentaba hasta ayer 733 homicidios en lo que va del año y con corte al 31 de mayo eran más de 10.000 las denuncias presentadas por hurto en la capital del departamento.
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Cifras que por demás, aseguran los expertos, no se ajustan a la realidad de la ciudad porque hay un subregistro alto que es promovido por las demoras o las dificultades que encuentran las víctimas a la hora de denunciar.
Ante esta realidad, el también concejal Juan Martín Bravo aseguró que “es inaudito multar a los conductores por llevar vidrios polarizados mientras no se les brinden garantías de seguridad. Porque la gente sale a las calles en sus vehículos con el temor de ser asaltados en los semáforos”.
“En un momento crucial como este, en el que las coyunturas nacionales han propiciado el cambio de dinámicas económicas y sociales en las ciudades, no se puede entrar en rigor con una norma como esta, sobre todo porque los índices de seguridad en Cali continúan empeorando”, añadió Bravo.
Los vidrios polarizados se ha convertido en una medida de protección frente a la inseguridad en las calles de la ciudad”.
Juan Martín Bravo, concejal de Cali.
"Es una norma nacional"
Al respecto, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, aseguró que su oficina ni la Secretaría de Seguridad se han pronunciado respecto a este tema. “No se ha hecho ninguna declaración donde aparentemente se inicie un proceso de operativos para tal fin”.
No obstante, explicó que los vidrios polarizados son regulados a través de un acto administrativo expedido en el año 2003 por el Ministerio de Transporte, donde se estipulan unos niveles de opacidad máxima para los vehículos que circulan en Colombia.
“Todas aquellas personas que deseen utilizar cristales con una opacidad superior a la permitida y que no hagan parte del grupo de exentos que está enlistado en ese decreto, pues debe tramitar un permiso ante la Policía, que es de lo que hablan las notas de prensa que están circulando”, dijo Vallejo.
Tamayo considera que con la aplicación de esta medida “se está desconociendo de manera flagrante cuál es la condición y la realidad que se vive cotidianamente en nuestra ciudad”.
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“Uno entiende la necesidad que tiene la Secretaría de Transito de fortalecerse financieramente, pero no se debe fortalecer a costa y a desmedro de la calidad de vida de la gente. Esta es una medida total y absolutamente inconveniente; una medida alevosa que no comparto porque se está dando prioridad al tema financiero sobre la seguridad de los ciudadanos”, concluye el concejal.
Aunque el Jefe de Tránsito aseguró que no han debatido el tema, dijo que “los agentes de tránsito al momento de realizar un operativo y de requerir un permiso por la opacidad de un vidrio, primero deben identificar que el vidrio tenga una opacidad superior a las permitidas y para lo cual requieren de un dispositivo, y ese dispositivo mide la cantidad de luz que es transmitida por el cristal o que pasa el cristal”.
“Por ende, ningún agente de tránsito podrá proceder a realizar un comparendo por esta sanción por no portar el permiso si no comprueba primero a través de un dispositivo que está superando el máximo permitido en ese acto administrativo”, concluye.