Pese a los enormes retos que enfrenta Cali en cuanto a la seguridad, la ciudad cuenta con el presupuesto en la materia más bajo entre las grandes capitales del país. Bogotá, por ejemplo, invierte casi diez veces más. La capital de Colombia dispone en promedio de $600 mil millones anuales, mientras que la Secretaría de Seguridad de Cali arranca este 2023 con $65.490 millones.

Medellín, por su parte, triplica el presupuesto en seguridad respecto a Cali. La capital de Antioquia cuenta con $200 mil millones. Cali apenas iguala el presupuesto de Barranquilla, una ciudad con menos problemas de orden público.

Jimmy Dranguet, Secretario de Seguridad de Cali, explica sin embargo que al presupuesto con el que inicia este año su despacho aún se le deben hacer algunas adiciones.

“Por ejemplo, tenemos que adicionar dineros que llegan en marzo o abril, correspondientes a recursos de balance, es decir los saldos de las fichas que no se ejecutaron en 2022. De esos dineros el alcalde Ospina ha priorizado algunos para invertir en seguridad. Adicionalmente estamos presentando proyectos para que sean financiados por la Nación, que suman $35 mil millones. Al final del año esperamos invertir, con las adiciones y si nos va bien con los proyectos que estamos presentando, aproximadamente $100 mil millones en seguridad”.

Un trozo importante de ese presupuesto se destina al pago de personal que, en el caso de la Secretaría de Seguridad y sus distintas dependencias de acceso a la justicia, es numeroso. El resto se distribuirá en seis líneas estratégicas.

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Una de ellas le apunta al fortalecimiento de la Fuerza Pública y la gestión territorial de la seguridad, lo que se traduce en las herramientas que necesita la Policía para operar: vehículos, armas, sistemas de comunicaciones y de protección personal.

Igualmente se destinarán recursos – aún por definir – para fortalecer la investigación tanto policial como judicial, y mejorar las capacidades de esclarecimiento del delito, que en Cali registró avances significativos el año pasado, cuando se pasó de un porcentaje de esclarecimiento de los homicidios de 17% en 2021, al 36.2%.

Sandra Eugenia González Mina, directora Seccional de Fiscalías, aseguró además que el 100% de los doce feminicidios ocurridos en 2022 fueron esclarecidos, es decir que los responsables están en la cárcel. En los homicidios de mujeres, se esclareció el 53% de los casos, frente a 37% en 2021.

“Sin embargo, en Cali tenemos un atraso muy grande en materia de tecnología destinada a labores de inteligencia, que va mucho más allá de tener unas cámaras. Se necesitan equipos especializados de triangulación de llamadas, de foto detección, drones y robots para desactivar explosivos. Esa inversión debe priorizarse en el presupuesto de seguridad de este año”, advierte el analista en asuntos de seguridad ciudadana, Álvaro Pretel.

De otro lado, uno de los delitos que más afecta a los caleños es el hurto, cuyas denuncias siguen disparadas. Según Jimmy Dranguet, esa es una de sus prioridades dentro del presupuesto, además de continuar bajando los homicidios.

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“Le declaramos la guerra a los moto atracadores. Vamos a destinar recursos importantes para la creación de grupos especiales de la Policía, dedicados a combatir las redes de robo. En esa estrategia vamos a cubrir el MÍO, las estaciones, y las zonas aledañas, que son los sitios donde más se denuncian hurtos con la modalidad de cosquilleo o raponazo”.

El plan comprende aumentar la presencia de la Policía y gestores de convivencia en las estaciones del sistema de transporte y zonas aledañas, además de instalar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Igualmente se buscará mejorar la seguridad en las estaciones a través de convenios con las empresas de seguridad privada.
Precisamente, Claudia Giraldo, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, presentó una propuesta pensada en optimizar los recursos con los que cuenta la ciudad en 2023 para la seguridad.

“Lo más importante es que la inversión se haga en servicios, y no en productos. ¿Por qué? Si, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad dice: ‘voy a comprar el último dron con la última tecnología’, ese dron en seis meses o un año está obsoleto. De repente se le daña un repuesto y el servicio de vigilancia que prestaba se suspende mientras se arregla. Además, las tecnologías en seguridad entran en desuso muy rápido, se vuelven obsoletas y son costosísimas. Por eso ese tipo de productos se deben tercerizar, y de esta manera, así se dañen los equipos, los proveedores deben garantizar el servicio”.

La Cámara Colombiana de la Seguridad ha propuesto también establecer convenios con la Alcaldía para apoyar la seguridad ciudadana. Sin embargo estos no se han concretado, en parte, por los constantes cambios en la Secretaría de Seguridad. Solo en la actual alcaldía han pasado tres secretarios.

“Por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar son elevados en la ciudad. Hemos propuesto hacer un convenio para que los guardas de seguridad, que hacen presencia en edificios, unidades residenciales, barrios, generen alertas tempranas para prevenir esta violencia. Además está comprobado que el uniforme es disuasivo, y hemos propuesto ubicar guardas en rutas deportivas o parques. Los modelos modernos de seguridad le apuntan a trabajar sobre los riesgos, prevenir el delito, y no tanto la reacción”, dice Claudia.

La población de guardas de seguridad en Cali es, por cierto, casi cinco veces mayor que la de policías (25 mil guardas) por lo que también se ha propuesto que sean ellos los que custodien a los sindicados que hoy están hacinados en estaciones de policía, para que de esta manera los agentes que se dedican a cuidar estos presos salgan a patrullar.

Igualmente se ha propuesto hacer rondas en los vehículos de supervisión en zonas comerciales, hoteleras, gastronómicas, y a cambio se solicita que la Secretaría de Movilidad levante el pico y placa para estos carros.

“También hemos propuesto hacer pilotos para que la seguridad privada se encargue de cuidar los partidos de fútbol. Estos son eventos privados que generan que 1200 policías estén en un estadio, cuando podrían estar patrullando el resto de la ciudad. Todas estas son propuestas que se pueden hacer realidad y que optimizarían los recursos que se destinan a la seguridad”, comenta Claudia Giraldo.

De otro lado esta semana revivió una polémica añeja en Cali: la de la tasa de seguridad que pagan los ciudadanos en los recibos de los servicios públicos, dineros manejados por la Gobernación del Valle.

“Cerca del 80% del recaudo de esa tasa la pone Cali. Pero la proporción de la inversión de la Gobernación en la ciudad no es la misma. La Gobernación del Valle tiene una deuda acumulada y esperamos que en el año 2023 se salde esa deuda. ¿Cómo? Invirtiendo en la seguridad de Cali, no en la de otras ciudades”, dijo Jimmy Dranguet.

La gobernadora Clara Luz Roldán aseguró por su parte que con los recursos de la tasa de seguridad del Valle se ha fortalecido el pie de fuerza en Cali, se le hizo entrega de 100 motos a la Policía, 130 más están por entregar, igualmente se entregaron dos drones de alta precisión y un equipo de geolocalización.

Sin embargo, más allá de la polémica, el asunto de fondo, advierten analistas, es que en la historia reciente, la última década, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle no han trabajado de la mano, lo que dice mucho de la sociedad caleña. Nos cuesta ponernos de acuerdo, incluso, para trabajar por la seguridad de todos.
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