Múltiples han sido los llamados de los entes ministeriales sobre la situación de seguridad que viven Cali y Valle , sobre todo, de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.
A lo largo de los últimos meses, las autoridades han reportado amenazas, ataques y hostigamientos hacia candidatos a los distintos cargos públicos, casos como los disparos en contra la sede de un aspirante a la Alcaldía de Tuluá y el asesinato a una candidata al Concejo de Jamundí, son solo algunos de los hechos que ha permeado al ejercicio democrático.
En diálogo con El País, el defensor del pueblo del Valle, Gerson Vergara, entregó detalles de la realidad de las distintas ciudades mostrando su preocupación por las distintas violaciones a los derechos humanos y las irregularidades que se han presentado en 29 de los 42 municipios del departamento, incluyendo Cali, la cual, según el funcionario, presenta un riesgo alto en 21 de sus 22 comunas.
¿Cómo está la situación de violencia de cara a las próximas elecciones?
Desde la Defensoría hemos identificado varias situaciones recientes de riesgo, hace poco se emitió la alerta 030 del año 2023 donde se establecieron los municipios en riesgo, teniendo tres casos de nivel extremo. Estos lugares es donde hay una gran posibilidad de que sucedan hechos de afectación en el certamen electoral o que se impida el ejercicio democrático por la presencia de violencia, el no permitir que las personas no puedan votar, la afectación de uno de los candidatos, entre otros factores.
Las ciudades que están riesgo extremo son Jamundí, Tuluá y Buenaventura.
¿Qué pasa en esos municipios para que estén en riesgo extremo?
En Jamundí, la presencia del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, la cual ha venido adquiriendo un mayor control, sobre todo en la zona rural, pero también en la urbana, donde han existido situaciones de homicidio a líderes sociales y una candidata al Concejo, la extorsión y las amenazas que hemos denunciado, además, la dinámica de narcotráfico que existe con a raíz de grupos mexicanos que están en la ciudad y que hemos evidenciado en las diferentes alertas, todo esto nos lleva visibilizar y a elevar la alarma en el sentido de que el certamen electoral puede verse afectado.
En el caso de Tuluá existe la presencia de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc, en la zona rural, ellos están presentes desde la parte alta de Palmira hasta Sevilla, ejerciendo unas acciones de control social que sin duda van a afectar el certamen electoral. Además, nos preocupa la situación de criminalidad urbana por la organización criminal denominada La Oficina que, a través de panfletos y homicidios a diferentes actores, han generado una elevación del riesgo.
También, a raíz de las amenazas a periodistas a líderes sociales y a los miembros de la rama judicial, de hecho, recientemente los miembros de esta rama han manifestado que no va a participar en las elecciones como claveros, lo cual es preocupante ya que el escrutinio está cargo de ellos. Cabe recordar que hace poco se activó una granada en contra de los juzgados penales del municipio.
¿Cuál es la situación de Cali?
La capital del Valle está en un riesgo alto por la incidencia del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, la ciudad está expuesta a que en ciertas zonas, barrios y comunas, algunos candidatos no pueden ingresar.
A diferencia del 2019 se evidencia situaciones como que hay un impedimento en la oferta electoral de los candidatos, un constreñimiento o una afectación.
En la alerta 001 del año 2022, la Defensoría recogió la dinámica de riesgo y se estableció que 21 de las 22 comunas de la ciudad presentan un escenario de peligro.
A su vez, identificó que hay un tránsito en la Comuna 15 de todo lo que corresponde del ejercicio de la violencia.
Cali es funcional a la dinámica del conflicto armado de la región, eso en el sentido que la ciudad es corredor, sitio de lavado de activos, lugar de reclutamiento de niños y compra de armas. Esto hace que de manera transitoria, y en algunos casos permanente, diferentes grupos (residuales, armados, bandas criminales) hagan un ejercicio de presencia dentro del territorio.
¿Cómo es el escenario de riesgo en el resto de los municipios del Valle?
En el escenario de afectación al proceso electoral del Valle del Cauca, hemos identificado varios municipios. En el caso de Candelaria y El Águila se ha alertado sobre la trashumancia electoral, es decir, se ha aumentado el censo electoral de manera sospechosa, el número de personas que se han inscrito en estas ciudades podría incidir en el resultado de los comicios, personas que no viven en los municipios, eso está en proceso de verificación.
Por otro lado, el Norte del Valle tiene una dinámica de conflicto por parte del grupo delincuencial organizado Los Flacos, allí hubo digamos una fragmentación de la estructura que generó una disputa con la Nueva Alianza, eso tocó los municipios de Ansermanuevo, El Águila, Cartago y Obando.
Si bien ha habido resultados operativos por parte de las autoridades, se ha evidenciado que aún se mantiene la dinámica de violencia y eso genera zozobra en lo que corresponde al proceso electoral.
¿Por qué el interés de los grupos criminales en el proceso electoral?
Desde la Defensoría no podemos dar una teoría puntual. Lo que sí se sabe, es que este interés puede obedecer a un proceso económico, en la medida en que los municipios presenten condiciones favorables para sus negocios, esto los va a beneficiar.
¿Cómo está la situación de riesgo en Florida y Pradera?
El pasado miércoles estuvimos en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y encontramos una dinámica de violencia en estos municipios producto de una disputa entre el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y lo que era el EPL, ‘los pelusos’. Estos últimos fueron expulsados por los disidentes que mantienen el control del territorio.
Hemos evidenciado una mayor presencia de la Dagoberto Ramos, un fortalecimiento de esta estructura, lo que llevó a que emitiéramos la alerta y generáramos algunas recomendaciones dirigidas a disuadir el riesgo.
Por: Andrés Julián Trujillo - Reportero de El País.