La lucha territorial entre organizaciones criminales por el control de las economías ilícitas y la sensación de debilidad y la falta de autoridad del gobierno local están impulsando la violencia en la ciudad a niveles alarmantes y muy peligrosos.
Así explican los analistas y expertos en seguridad las escenas cada vez más comunes de delitos que se vienen registrando en los últimos meses en la capital del Valle del Cauca utilizando fusiles de asalto.
Lo que entre 2018 y 2019 no fue más que un mito, cuando se rumoraba sin prueba alguna del uso de armas largas en escenarios de criminalidad urbana en Cali, incluso con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, se hizo realidad en las últimas semanas tras la ola de hechos violentos que involucra armas de guerra.
"Nosotros en el 2018 hicimos una solicitud a Medicina Legal desde la Secretaría de Seguridad de Cali", recuerda el investigador Alberto Sánchez Galeano, para identificar cuántas personas habían sido asesinadas con armas largas o incidentes de otro tipo con fusiles, y la respuesta fue negativa.
“A finales del 2018 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta 085 en la cual una de las observaciones que hacían como hipótesis, no probada, era la existencia de esa capacidad de fuego en la ciudad. De nuevo con Sipol y Sijín hicimos un trabajo minucioso para identificar qué estructuras de las que operaban en Cali tenían ese poder de fuego y tampoco se pudo corroborar”, recuerda Sánchez Galeano.
Pero en las últimas semanas el mito cobró vida y en la mente de los caleños están vivas las escenas de hombres con fusiles atacando estaciones de Policía, otros con armas largas ‘patrullando’ en el barrio Siloé o más recientemente el asesinato del cantante de música urbana Junior Jein mientras llegaba a una discoteca en el sur de Cali.
Frente a este panorama complejo para la ciudad, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León Montes, expresó recientemente su preocupación pero también su compromiso para desarticular estas organizaciones.
“Hace un mes tuvimos también un hecho en una estación de Policía, donde unos sujetos van a rescatar a un extraditable y también van con fusil. Nos toca hacer un trabajo muy fuerte de investigación para saber hacia dónde apuntan estas bandas delincuenciales que se están dotando con este tipo de armas”, dijo el General.
El alto oficial se refería al ataque ocurrido en la noche del domingo 23 de mayo, cuando dos hombres descienden de igual número de vehículos y con fusiles en mano arremeten contra la estación de Policía del barrio El Guabal, dejando a dos uniformados heridos.
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Falta de liderazgo en Cali
Si algo ha envalentonado a estas estructuras criminales que se disputan abiertamente el control territorial en la ciudad, explica el experto en seguridad John Marulanda, es la debilidad y la permisividad de las autoridades.
“La gran responsabilidad de lo que suceda y de la guerra urbana que se pueda desencadenar en Cali, en este caso, recae sobre las autoridades políticas, sobre el Alcalde, que es el directo responsable del desborde de esta violencia que azota a la capital del Valle”, asegura Marulanda.
Según el Informe de Seguridad y Convivencia, hasta el pasado jueves se habían cometido en Cali 562 homicidios, la cifra más alta de un primer semestre en los últimos años.
Ese escalamiento de la violencia, coincide el politólogo Gustavo Orozco, “es facilitado por la ausencia total de autoridad y la falta de persecución por parte de las autoridades; eso manda un mensaje de que efectivamente usan las armas largas sabiendo que nada va a pasar y que las consecuencias son inexistentes porque no existe judicialización, ni persecución, ni captura, ni investigación, ni absolutamente nada porque la seguridad para esta Alcaldía no está dentro de sus prioridades”.
Pese a las altas tasas de criminalidad en Cali durante el gobierno de Jorge Iván Ospina, han reducido considerablemente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad en medio de las fuertes críticas y reclamos de los escasos concejales que hacen control político a su gobierno.
Ante esta situación desbordada, el senador Gabriel Velasco señala que le preocupa “la permisividad, la falta de liderazgo del alcalde Ospina y que no haya tenido la autoridad para enviar mensajes claros a la ciudad y termine generando espacios para que crezca la violencia, el desorden y la anarquía”.
Se prevé que en Colombia, según datos de la Dijín, hay alrededor de dos millones y medio de armas de fuego circulando de manera ilegal, entre armas largas y cortas, lo que representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana en un lugar como Cali, pero ¿de dónde vienen esas armas?
Este es el mercado
Aunque buena parte de los fusiles que circulan en Colombia de manera ilegal vienen de Estados Unidos y de Europa, es claro para los consultados que las armas que ocultaron las Farc tras la forma del acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, han salido para nutrir este mercado ilícito.
En los últimos días, no obstante, fuentes policiales aseguraron que hay fusiles como el AK47 o el AR15 que están ingresando al país por piezas y en parte de pago a los carteles del narcotráfico a través del puerto de Buenaventura.
A Cali están entrando las armas a través de las comunas 1, 19 y 20, según fuentes de la Fiscalía, y son justamente algunos de esos barrios de ladera los más afectados con la confrontación entre bandas utilizando armamento de largo alcance.
“En la Comuna 20 hasta hace una semana, en el barrio Lleras, se estuvieron dando física candela dos grupos criminales con fusiles y hay un video de un recorrido de una banda criminal con armas de alto calibre recorriendo Siloé. Eso demuestra la capacidad logística y económica de las bandas delincuenciales que se disputan los negocios criminales en Cali”, indica el concejal Fernando Tamayo.
Un ingrediente más en esta disputa, explica Sánchez Galeano, es el aumento de cultivos de hoja de coca en Jamundí y “la presencia cada vez más nutrida de actores relacionados con disidencias como la Adán Izquierdo y la Dagoberto Ramos”, que están trayendo más violencia a las calles de Cali.
“Si no prestamos atención a lo que sucede en Cali, llegaremos a una situación similar a la de Buenaventura, donde hay sectores que para entrar hay que pedir permiso. El tema de las armas de largo alcance es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en Cali y que ha sido agudizado por el hecho de que la Fuerza Pública está concentrada en otros sitios y que hay lugares donde la Policía desafortunadamente no puede entrar”, concluye el concejal Tamayo.