En un operativo de la Dijín de la Policía que contó con el apoyo del FBI de los Estados Unidos, las autoridades dieron captura a Juan Pablo Daza Urbina, alias 'Juan Pablo, el Esmeraldero', y ocho de sus secuaces.

Las detenciones se realizaron en los municipios de Cúcuta (Norte de Santander), San Luis de Gaceno y Guateque (Boyacá), Aguachica (Cesar), Guamal (Meta) y Soacha y Cáqueza (Cundinamarca), tras más de cuatro años de investigaciones que permitieron recolectar suficiente material probatorio.

'El Esmeraldero' es señalado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde los llanos orientales y zonas de departamentos como Putumayo, Cauca, Huila, Cundinamarca y Norte de Santander hacia la Costa Atlántica, para luego enviarla a los Estados Unidos.

"Este capo tenía contacto con varios propietarios de laboratorios clandestinos de producción de clorhidrato de cocaína y pagaba fuertes sumas de dinero para que grupos armados organizados brindarán protección a sus cargamentos", explicaron desde la Policía Nacional.

Los otros capturados -identificados con los alias de 'Mono', 'Tino', 'Yesid', 'Dairon', 'el Negro', 'el Demonio', 'Eduver' y 'Rafael'- eran sus 'fichas clave' en las distintas regiones del país e incluso eran enviados por 'el Esmeraldero' a reuniones en casas de cambio ubicadas en Bogotá para dar instrucciones a sus socios, entregar y recibir dineros producto del negocio ilícito.

El centro de operaciones de Daza Urbina era el municipio de Guateque, de donde es oriundo. Allí tenía varios puntos para el ocultamiento de vehículos cargados con cocaína, hacía modificaciones a los automotores y daba órdenes a sus colaboradores.

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Como fachada, el señalado narcotraficante se hacía pasar como comerciante de esmeraldas. Incluso, era propietario de una mina para la extracción de esta piedra preciosa en el municipio de Chivor (Boyacá).

Las autoridades determinaron que 'Juan Pablo, el Esmeraldero' había incrementado su patrimonio económico sin justificación, por lo que dieron apertura a una investigación de extinción de dominio en la que identificaron 21 bienes a nombre de los investigados, avaluados en más de $10.000 millones.

A los nueve capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fueron enviados a prisión de manera preventiva por un juez de control de garantías.