La Fiscalía General de la Nación, con el respaldo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía y la Armada, desarticuló un grupo criminal dedicado al tráfico ilegal de mercancías en la Costa Caribe.

La operación llevó a la captura de 17 personas, entre ellas seis miembros de la Policía y un empleado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes habrían facilitado la entrada y distribución de productos de contrabando en el país.

La Fiscalía General de la Nación fue la encargada de la investigación y captura. | Foto: Guillermo Torres Reina

Los detenidos, incluidos los funcionarios públicos, son señalados de participar en el ingreso ilegal de cigarrillos, licores, productos cosméticos y alimentos, con un valor estimado de más de $1.600 millones.

“Los elementos materiales probatorios indican que la organización ilegal recibía en Atlántico y La Guajira cargamentos de cigarrillos, licores, ventiladores, artículos cosméticos y alimentos, que ingresaban de manera ilegal al país. Posteriormente, eran trasladados en vehículos de carga y buses de servicio público hasta bodegas ubicadas en Medellín (Antioquia). Desde ese punto los distribuían a diferentes municipios”, puntualizó la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación del ente judicial, los funcionarios capturados se encargaban de gestionar la recuperación de la mercancía incautada mediante la utilización de documentación falsa. Es decir, hacían las veces de asesores para esta red criminal y, en últimas, también se llevaban un beneficio de estas acciones criminales.

Entre los productos también había cigarrillos. (Imagen de referencia). | Foto: Colprensa / El País

El fiscal a cargo de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó a los capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado, favorecimiento y facilitación del contrabando, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer.

A pesar de las imputaciones, un juez Bacrim Ambulante de Barranquilla se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por la Fiscalía.