El presidente Gustavo Petro informó este lunes, a través de su cuenta de X, la captura de 17 personas señaladas de pertenecer a una red dedicada al volteo y ocupación ilegal de tierras en el departamento del Atlántico, particularmente en el municipio de Soledad y en Barranquilla.
De acuerdo con el Mandatario, en medio del proceso judicial las autoridades se enteraron de que una gran parte de las personas capturadas son funcionarios públicos, por lo que declaró que “he sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo estado. Aquí hemos capturado con la policía nacional, toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional”.
La operación fue realizada en conjunto por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Entre las personas aprehendidas hay funcionarios presuntamente ligados a estructuras de poder político en esa región.
Entre los detenidos se encuentran:
- 3 registradores de instrumentos públicos.
- 2 inspectores de policía.
- 2 notarios.
- 1 calificador de instrumentos públicos.
- 1 funcionario de la Alcaldía de Soledad, Atlántico.
Además, capturaron a varios actores criminales externos a la administración, quienes, según Petro, “constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a varias familias”.
Las órdenes de captura se expidieron por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
Esto expone el modo de operación de la red delincuencial, la cual inicialmente se apropiaba de manera ilegal de los terrenos y posterior a eso, realizaba documentos oficiales, legitimando su poder sobre las zonas que invadían. Este último proceso era ejecutado por las personas que estaban dentro de las instituciones gubernamentales.
Por último, el jefe de Estado aseguró que esta operación no se detiene con las capturas, ya que continuará con la imputación de 16 personas adicionales, lo que elevaría el número de judicializados a un total de 33, en lo que calificó como una lucha por proteger los derechos a la vivienda, la educación y el deporte de la población más vulnerable del Atlántico.
Por último, la Fiscalía General de la Nación seguirá con los respectivos procesos de investigación y seguimiento de todos los bienes adquiridos por esta actividad ilegal, con el fin de recuperar aquellas zonas que fueron tomadas de manera ilícita por estas personas.