Dos miembros de la Policía de Cali fueron procesados por el delito de concusión, así lo informó la Fiscalía.

Al parecer, el ente investigador evidenciaría 13 eventos ilícitos en los que los funcionarios solicitarían dinero para expedir certificados falsos a infractores.

Por esta razón a los acusados se les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo a los investigadores, los uniformados pidieron dinero a cambio de no imponer un comparendo y de evitar la incautación de un arma que no tendría el permiso de porte, en hechos registrados en la capital del Valle del Cauca.

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A los policías, que fueron identificados como el intendente Juan Diego Gutiérrez y el patrullero Diego Fabián Chitiva Gil, fueron acusado como presuntos responsables de concusión, violación de datos personales y falsedad ideológica en documento público.

La investigación
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De acuerdo con la las evidencias recaudadas por el ente acusador, los dos uniformados de la Estación de Policía de La Flora, en el norte de Cali, encargados del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Institución, le habrían exigido a un ciudadano el pago de $500.000 para no incautarle un arma traumática y no imponerle comparendo por la violación de medidas sanitarias establecidas por el Covid-19.

Antes esto, la persona afectada instauró una denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde fue interrogado por un fiscal seccional. Además,  el denunciante presentó material que supuestamente prueba que los uniformados ejercieron presión sobre esta persona para que entregara el dinero, lo que jurídicamente se conoce como constreñimiento.

Por tal razón, se ordenaron a la Policía Judicial iniciar la investigación pertinente. Los investigadores realizaron interceptaciones de líneas telefónicas, autorizadas por autoridad competente, búsquedas selectivas, entrevistas a otros ciudadanos víctimas, y verificaciones dentro de la misma Estación.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía y la misma Policía evidenciaría que tanto el intendente Juan Diego Gutiérrez y el patrullero Diego Fabián Chitiva Gil, habrían exigido dinero a presuntos infractores del Código Nacional de Policía.

Supuestamente los agentes cerraban los casos en el sistema y expedían certificados que contenían información falsa, ya que no estaban facultados para resolver de fondo sobre la imposición o exoneración de multas a los ciudadanos.

En total, las autoridades lograron asociar hasta 13 eventos ilícitos de este tipo, supuestamente manipulados por los dos miembros de la Policía.

Por su parte, el Comando de la Policía Metropolitana ordenó separar a los dos uniformados de sus cargos y remitió el caso a la Inspección General de la institución para la investigación interna respectiva.

Cabe recordar que el ente investigador solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de los asegurados para garantizar que esté en buenas condiciones para su traslado al lugar de reclusión.