El empresario Carlos Mattos cumplió el acuerdo que había firmado con la Rama Judicial para reparar los daños causados al sobornar a jueces de la República para salir beneficiado en el caso Hyundai y le giró 3.731 millones de pesos como indemnización.

El documento, que fue firmado por Mattos y por el penalista Francisco Bernate, en calidad de apoderado de la Rama Judicial significa que las víctimas se declaran reparados por los perjuicios que sufrieron por las actuaciones ilegales de Mattos.

Además, según el documento de dos páginas, “las partes renuncian a iniciar cualquier tipo de proceso por los perjuicios que se hubiera ocasionado con estos hechos. En el caso que hubiere acciones legales en curso, iniciadas de oficio o petición de parte, las partes convienen en desistir de las mismas”.

Bernatte le explicó a Colprensa que el origen de este acuerdo tuvo lugar en los dos preacuerdos que había firmado Mattos con la Fiscalía, que fueron retirados por vicios ilegales en la negociación. “Mattos dijo que se iba a mantener en su palabra de reparar a la Rama Judicial y por eso se firmó el documento”.

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Bajo esta línea, Bernatte explicó que este acuerdo no afecta la resolución de los procesos, pues estos seguirán su curso de forma normal.

Mattos es investigado desde 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual él era su representante en territorio nacional. El empresario asumió una batalla legal en la que, al poco tiempo, se advirtieron irregularidades, que él mismo confirmó en audiencias públicas este año, luego de ser extraditado de España.

Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.

Por esta razón el ente acusador abrió dos investigaciones en contra de Mattos. La primera es la que se adelanta en el juzgado 30 por el pago de sobornos al exjuez Reinaldo Huertas, quien fue destituido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a 15 años, por delitos informáticos y cohecho.

En esta investigación la Fiscalía determinó que Mattos le habría pagado a Huertas presuntamente 2.000 millones de pesos para que lo favoreciera con una medida cautelar, que le permitiera ser el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda, esto luego de que la empresa coreana decidiera retirarle la representación de la marca y los automotores se distribuyeran por medio de un intermediario en Ecuador.

Por otro lado, Mattos es investigado ante el juzgado 11 de Conocimiento por el delito de cohecho por el soborno de la exjuez civil Ligia del Carmen Hernández, quien fue condenada a 25 meses y 18 días por la Corte, para que fallara a su favor y asegurará la titularidad en los derechos de distribución de la marca Hyundai.