Por decisión de un juez de garantías, los tres uniformados de la Policía involucrados en el caso de las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República y hoy directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, permanecerán detenidos.
Se trata del capitán Carlos Andrés Correa y los uniformados Jhon Fredi Morales y Alfonso Quinchanegua. La decisión la tomó un juez de garantías a petición de la Fiscalía General de la Nación.
Según la investigación realizada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se estableció que los integrantes de la Policía Nacional, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y hoy directora de Prosperidad Social, Laura Camila Sarabia Torres.
Para realizar estas “chuzadas”, se conoció que el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas habrían utilizado información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
“Los elementos de prueba indican que los dos números celulares en realidad pertenecían a Marelbys Meza, exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete; y a otra mujer que cumplió funciones domésticas para la funcionaria”, expresó la Fiscalía.
Por su parte, el intendente Quinchanegua al parecer, con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a ella.
Sin embargo, según la Revista Semana, en cuanto los investigadores, se dieron cuenta de que los abonados celulares no tenían relación con la investigación contra alias Siopas, decidieron retirarlos del caso. Tras una inspección descubrieron la falsedad del informe de la Sijín con el cual se indujo al error al fiscal que lideraba el caso.
Por estos hechos, los tres policías fueron acusados por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material en documento público agravado.