Neisair Ramos, líder social y exsecretario de Gobierno de Guachené, norte del Cauca, fue asesinado por sujetos armados el pasado miércoles, 12 de marzo, mientras se transportaba en su vehículo particular en la vía que comunica a ese municipio con Puerto Tejada.
En el ataque también falleció una menor de edad que lo acompañaba, sobrina del exalcalde de la localidad, Elmer Abonía, asesinado en 2023.
Los hechos, que son materia de investigación, causaron zozobra y dolor en esta población de la que Ramos fue cofundador. “Era un líder absoluto, un señor completamente claro en sus ideas, muy oportuno; siempre estuvo dispuesto para trabajar por la seguridad del norte del Cauca”, aseguró Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, quien era cercano al fallecido.
De acuerdo con las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entre el 1 de enero y el 13 de marzo de 2025 se registraron 35 homicidios a líderes sociales en el país, siendo Cauca el departamento más afectado, con 8 hechos, seguido por Antioquia, Chocó, Magdalena, Nariño y Norte de Santander, con tres asesinatos cada uno. Por otro lado, Valle del Cauca y Putumayo tienen dos registros.
Carvajal explicó que la violencia contra defensores sociales en el Cauca se debe a múltiples motivos, pues en la zona central y en el Macizo Colombiano las guerrillas atentan contra los liderazgos indígenas que luchan contra los cultivos ilícitos, por ejemplo.
Por otro lado, en el norte del departamento los peligros son distintos. “En municipios como Caloto, Guachené, Padilla, Buenos Aires y Suárez, entre otros con gran parte de población afrocolombiana, han tenido conflictos étnicos con los indígenas por tierras o por invasiones de predios de terceros y allí se genera otro tipo de tensión”, añadió el experto.
Por su parte, Héctor Herrera, analista de seguridad, afirmó que quienes tienen algún tipo de poder político son especialmente perseguidos y no se trata de casos aislados.
“Muchos líderes están siendo asesinados para que no puedan ejercer cargos públicos y evitar que promuevan políticas en contra de los intereses de ciertos grupos, por lo general estructuras al margen de la ley”, señaló.
Los especialistas concordaron en que los líderes que habitan en que las zonas rurales son especialmente vulnerables ante las situaciones de violencia, ya que los mecanismos del Estado para garantizar su seguridad no son suficientes.
“La gran mayoría de ellos están en la zona rural y tienen mucha más relación con grupos armados criminales al margen de la ley que están en esos territorios de la Colombia profunda y tienen muchas tensiones”, afirmó Carvajal, quien explicó que las rentas ilegales, como el narcotráfico, dejan ganancias por unos mil millones de dólares al año, por lo que a los grupos dedicados a este negocio no les conviene que haya personas que luchen por la erradicación o la restitución de tierras.
De otro lado, muchos defensores intimidados permanecen en sus territorios sin esquema de seguridad, lo que eventualmente lleva a homicidios.
“La Unidad Nacional de Protección no da abasto; se necesita una restructuración que haga más ágiles los procedimientos porque, si se esperan dos o tres meses para atender un caso de amenaza, lo más posible es que este líder sea asesinado. Cuando se reporte el peligro, inmediatamente la persona debe tener su esquema de seguridad y sacarla del territorio mientras pasa la amenaza”, sostuvo Herrera.
Carvajal puntualizó que se deben fortalecer las especialidades de inteligencia e investigación criminal, así como acelerar el esclarecimiento de delitos para lograr reducir los índices de homicidio en zonas urbanas y rurales.