Ante un Juez de garantías fue presentado Néstor Mosquera Arboleda, alias El Gordo, quien sería el propietario de, por lo menos, cinco frentes mineros ubicados sobre las fuentes hídricas y áreas forestales en Medio Atrato, las cuales han sido afectadas con el vertimiento de sustancias tóxicas y la utilización de maquinaria amarilla, motores y otros elementos usados para acelerar la extracción de oro.

Al parecer, ‘El Gordo’ habría pagado 8 millones de pesos mensuales, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, al coronel Clauder Antonio Cardona Cataño para que, en su condición de comandante del Departamento de Policía de Chocó, le informará sobre las operaciones en contra de sus entables mineros.

Por lo anterior, el oficial irá a la cárcel por los delitos de cohecho propio y explotación ilícita de yacimiento minero.

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En cuanto a ‘El Gordo’, la Fiscalía imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales y ecocidio, y cohecho.

Así mismo fueron imputados por estos delitos dos de sus posibles colaboradores, identificados como Jessika Paola Jordan Córdoba, quien fungía como contadora y responsable de los asuntos administrativos de la estructura de alias El Gordo; y Javier Caicedo Valoyes, quien sería encargado del traslado y comercialización del metal precioso obtenido.

Paralelo a esto, fueron afectados con fines de extinción de dominio 52 bienes que estarían al servicio de la organización y las actividades ilícitas de alias El Gordo (35 inmuebles urbanos, 6 vehículos, 3 embarcaciones, 4 sociedades y 4 establecimientos de comercio.

Adicionalmente, se encontraron 39 millones de pesos, sobre los cuales no hay claridad de su origen, y corresponderían a las ganancias por la comercialización de oro obtenido ilegalmente en Medio Atrato.

Las propiedades, que habrían sido puestas a nombre de familiares y conocidos de la red de minería, se ocuparon en Medellín (Antioquia) y Quibdó (Chocó).