¿Cómo va el desminado humanitario en Colombia?

Óscar Galindo, de 23 años, aún recuerda el momento cuando perdió su pie derecho, por cuenta de una mina antipersonal. “Yo iba caminando hacia donde mi papá a llevar un ganado y me pareció fácil meterme por acá -señala lo que hoy es un pastal, pero antes era un puesto de control de la Policía- yo me metí para saber qué había, sentí que me dieron un empujón y cuando reaccioné estaba en el piso”.

Óscar estuvo tirado en el suelo alrededor de cinco minutos tratando de saber qué había ocurrido. Aseguró que en el momento no sintió dolor alguno, y que se dio cuenta que perdió su pie cuando se levantó y no se pudo sostener. Fue necesario que se arrastrara hacia la carretera a esperar que fuera socorrido por un lugareño de Vista Hermosa, ese municipio del Meta que está entre las cifras más altas de afectación por minas antipersonal.

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Fue un hombre que pasó en una moto quien socorrió a Óscar y lo llevó hasta un centro asistencial. Galindo para la época de los hechos era apenas un niño, tenía 13 años, y ya había sido víctima del conflicto armado que dejó, en su momento, las extintas Farc, pues el grupo guerrillero tenía base de mando en esa zona del país y solía atacar a las tropas del Ejército y los efectivos de la Policía con los artefactos explosivos.

La mina no estaba dirigida hacia Óscar, fue instalada la noche anterior para afectar a los miembros de Policía del puesto de control que hacia guardia en esa zona, sin embargo, esa mañana los uniformados corrieron con suerte, y fue él quien resultó afectado.

Hoy, 10 años después, con una prótesis que poco deja ver la huella del conflicto en su cuerpo porque, por fortuna, no afectó su rodilla y tiene buen movimiento en la misma, es padre y esposo, y espera que su hijo crezca en un terreno libre de explosivos y afectaciones del conflicto armado.

Valle tiene 10 municipios libres de minas. Antioquia tiene 26. Cauca 8. Nariño 5. Quindío 4. Tolima 16. Santander 20. Y Cundinamarca tiene 38.

Óscar se convirtió en una de las 11.892 víctimas de minas antipersonal, en los últimos 30 años en Colombia. La estadística la reveló un informe de la Procuraduría General, a propósito del balance en esa materia, del cuarto aniversario de la firma de paz entre el Gobierno y las Farc, que se cumplió finalizando noviembre.

De las 11.892 víctimas, el 60,5 %, es decir, 7194, son miembros de la Fuerza Pública, particularmente del Ejército Nacional, mientras que el 39,5 % restantes son civiles, 4701 personas de los cuales, 626 son mujeres y 4031 hombres y, al menos, 44 están sin información.

El Ministerio Público, en su más reciente informe, alertó al Estado para que promuevan políticas públicas que permitan erradicar por completo la amenaza de los artefactos explosivos, que no solo acecha a la Fuerza Pública, sino también a la población civil.

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El ente de control llamó la atención sobre el incremento de víctimas de minas entre enero y agosto de este año. La cifra fue entregada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y da cuenta de 114 afectaciones en el territorio nacional, dejando 18 personas sin vida, cifra que según el informe, supera lo reportado en 2019.

Lo que llamó la atención de la Procuraduría es que, desde 2017 hasta la fecha, inició un periodo con mayor número de víctimas civiles, con un 70 % para 2017; 52 % para 2018; 56 % para 2019 y 72 % durante el primer semestre de 2020.

El informe, además, da cuenta que Nariño es la región de más afectación con minas durante los últimos tres años, con 127 reportes, seguido de Norte de Santander (107), Antioquia (61), Guaviare (26) y Chocó (24).

Nariño es el departamento de más afectación con minas durante los últimos tres años, con 127 reportes, seguido de Norte de Santander, con 107.

El Ministerio Público, acogiendo el balance del cuarto aniversario del acuerdo de paz, dejó claro en materia de seguridad que las autoridades tienen identificados a los grupos al margen de la ley que instalan dichos artefactos. Eso, sumado a que desde 2016, en materia de salud, el Ministerio de ese sector junto con la Dirección de Acción Integral contra Minas diseñaron un plan de reparación y asistencia a las víctimas.

Esto básicamente se complementa entre cinco ejes: el rescate y los primeros auxilios de la víctima, la atención en urgencias y médico quirúrgico, la atención hospitalaria, la rehabilitación médica y la inclusión socioeconómica.

Además de eso, el ente de control reconoció que con la ley 1448 de 2011 se declaró a las víctimas de minas como sujetos de indemnización y reparación integral, por lo que deben recibir servicio médico y asistencia psicológica de manera gratuita, sin embargo, llamó la atención sobre los rezagos que existen a la hora de avanzar con tales procesos.

En materia de erradicación de los artefactos, el informe trajo a colación el plan estratégico ‘Colombia Libre de Sospecha de Minas Antipersonal’, acción con la que se pretende dejar al país libre de artefactos explosivos en 2025.

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La apuesta de desminar el territorio nacional en 2025, la tiene clara el coronel Genaro Castaño Gómez, comandante del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Número 4 del Ejercito Nacional, quien destacó la labor de los más de 4300 uniformados que, a través de tres modalidades de desminado: canina, humanitaria y mecánica, destruyen las amenazas que se ciernen sobre la población civil con los artefactos explosivos.

El oficial expuso que hacen presencia en el territorio nacional en más de 20 departamentos, de los cuales 212 municipios están libre de sospecha de contener tal afectación, y en este momento intervienen 75 territorios. En el Valle del Cauca, por ejemplo, diez municipios están libres de sospecha de minas.

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Si bien el desminado empezó a ser nombrado desde el acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno, el Coronel recordó que esta dinámica se viene registrando en el país desde hace un poco más de 20 años, con el Tratado de Otawa.

“Hace ya 18 años, desde el 2002, hay unidades de desminado humanitario, se crearon unidades con un grupo de aproximadamente 36 soldados entre oficiales y suboficiales que se encargaban de la dirección de la unidad. Las condiciones de seguridad del país permitieron que tuviéramos más hombres y llegar con más unidades a diferentes partes”, aseguró el oficial, que además añadió que el pacto de desminar el país inicialmente estaba para 2011, pero no se cumplió.

Una segunda oportunidad se pactó para el 2021, sin embargo, aseguró que ya pidieron una prórroga hasta 2025, que es la misma que documentó la Procuraduría en su último informe.

El Coronel, por su parte, es consciente que la dinámica del conflicto armado en el país es una latente amenaza respecto de la utilización de minas antipersonal, de ahí que confirmara que han existido afectaciones en lugares donde antes no se tenía registro, “pero seguimos con nuestra misión”.

Según el Ejército, desde 2002 hasta la fecha, han podido salvar más 6000 personas, misma cantidad de minas destruidas en los más de 11 millones de metros cuadrados que han intervenido con sus hombres, certificados internacionalmente para cumplir con su labor.

Tanto guerrillas como grupos paramilitares son los responsables de sembrar minas en el país.