El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de 700 millones de pesos por la muerte de Jhonny Silva, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, y por las lesiones causadas a otro joven durante una protesta en 2005.

La muerte de Silva, así como las heridas del también estudiante Eduardo Perdomo Abello, currieron en el interior de la Universidad del Valle, el 22 de septiembre de 2005.

Los hechos ocurrieron cuando se presentaron enfrentamientos entre los estudiantes y personal del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional -Esmad-, quienes ingresaron al lugar y se dirigieron hacia donde los jóvenes tenían instalado un campamento. Silva  fue trasladado a la Fundación Valle del Lili, a donde llegó sin signos vitales.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, precisó que aunque la actuación del Esmad estuvo precedida de un fin legítimo como era evitar que los estudiantes bloquearan la vía pública, desconoció en el operativo los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionarán daños a los manifestantes.

“Solo el hecho de hacer parte de una protesta ciudadana no representa la trasgresión al ordenamiento jurídico, puesto que los habitantes tienen derecho a expresar su disenso frente a las medidas que adopten las autoridades estatales… las autoridades policivas deben estar preparadas para mantener el orden pero siempre respetando los derechos más caros a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma”, indica la sentencia.

El alto tribunal rechazó la decisión de la justicia ordinaria de archivar las investigaciones en contra de los miembros del Esmad involucrados en estos hechos, ya que las circunstancias que antecedieron la muerte del joven no fueron esclarecidas, pudiendo configurarse una ejecución arbitraria, lo cual implicaría una grave violación a los Derechos Humanos que al no ser juzgadas podrían ser objeto de conocimiento de la justicia internacional.

En el fallo se exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que estudie la posibilidad reabrir la investigación penal. Además, se ordenó implementar un curso en protección de derechos humanos a todas las unidades del Esmad en el país.