Este lunes, 16 de octubre, a través de un comunicado oficial, la fiscalía logró la condena de un soldado que participó en la muerte de dos campesinos que fueron presentados como ‘bajas en combate’.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos recaudó suficientes pruebas que dan cuenta de la participación del soldado profesional Germán Ramiro Díaz Montenegro, en un denominado caso de ‘ejecución extrajudicial’ sucedido el 8 de abril de 2006, en la vereda Cruz de Amarillo, en San Juan de Pasto (Nariño)”, expresó el comunicado.
En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Mocoa (Putumayo) condenó al exintegrante del Ejército Nacional a 48 años y 4 meses de prisión, y lo declaró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. Adicionalmente, le impuso una multa equivalente a 2726 salarios mínimos legales mensuales y ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en centro carcelario.
Hay que mencionar que la investigación, realizada en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000, demostró que el soldado Díaz Montenegro, en compañía de otros militares, disparó y le causó la muerte a dos campesinos, que posteriormente fueron presentados como alias El Flaco y alias El Loco, dos señalados integrantes de una estructura criminal.
La Fiscalía confirmó que “en los informes oficiales se consignaron hechos que no ocurrieron, como un supuesto combate, y la incautación de una subametralladora 12 milímetros y una escopeta tipo changón. Los análisis de los peritos en criminalística y balística del CTI evidenciaron que no existió cruce de disparos y que las víctimas fueron atacadas mientras permanecían en estado de indefensión”.
Por lo anterior, la entidad acreditó que los campesinos fueron retenidos en la plaza de mercado de Pasto y trasladados a un paraje de la vereda Cruz de Amarillo, donde finalmente murieron y les ubicaron las armas para simular un enfrentamiento.
Fiscalía embarga 11 bienes usados como bodegas de mercancías ilegales
Al menos 11 propiedades fueron decomisadas por la Fiscalía General de la Nación bajo sospecha de haber sido usadas para el acopio y distribución de mercancías extranjeras que ingresaron al país de manera ilegal.
La orden de embargo y secuestro, solicitada por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, recayó en nueve inmuebles urbanos y dos establecimientos de comercio ubicados en Bogotá.
El total de estos bienes está avaluado en $25.600 millones, de acuerdo a las estimaciones hechas por el ente investigador.
Estas propiedades fueron utilizadas entre 2018 y 2022 como lugares de almacenamiento y distribución de productos y mercancías que ingresaron de manera ilegítima al país, sin el pago de tributos al Estado y avivando la competencia desleal.
“Para la Fiscalía estas acciones impactan negativamente la economía de los comerciantes en la capital del país, además de generar una fuerte competencia desleal e insostenible para el comercio lícito local”, aseguró Liliana Donado Sierre, directora especializada de Extinción del Derecho del Dominio.
El ente investigador contó con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) para adelantar las investigaciones y allanamientos, al tiempo que aseguró que los operativos hacen parte de la denominada “estrategia Argenta”, dedicada a atacar las finanzas de las organizaciones criminales.
Tres personas arrestadas sospechosas de secuestros y de nexos con ELN
Por otro lado, el pasado domingo, 15 de octubre, al menos tres personas señaladas de tener nexos con el ELN fueron arrestadas por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un funcionario de la Personería de Cali, ocurrido el pasado 10 de junio y por cuyo rescate pedían $1.000 millones, informó este sábado la Fiscalía General de la Nación.
Las detenciones se llevaron a cabo en Buenaventura (Valle del Cauca) y Montenegro (Quindío), por parte de la Policía.
Los sospechosos están acusados de los delitos de rebelión, secuestro extorsivo y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.
Además de las detenciones, los fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio decomisaron bienes avaluados en $3 mil millones, que incluyeron cuatro inmuebles, dos de ellos en zona rural, y dos vehículos.
Las propiedades están ubicadas en Calima Darién y Yumbo, en el Valle del Cauca, y en Armenia, capital del Quindío.
“Los elementos de prueba indican que habrían sido utilizadas por el Frente de Guerra Occidental del ELN para realizar secuestros y ocultar a integrantes de esta estructura, entre otras actividades ilícitas”, señaló la Fiscalía.
*Con información de Colprensa.