La Fiscalía General de la Nación informó que Blanca Liliana Montoya Hernández, exalcaldesa de La Cumbre (Valle del Cauca), fue condenada a 13 años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Así lo determinó un juez de conocimiento con base en el material probatorio aportado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
En el mismo proceso judicial también fue sentenciada a 11 años de cárcel, Lina María Domínguez Correa, exsecretaria de Hacienda municipal de La Cumbre. Así como, a 9 años y 9 meses de prisión, el contratista Harold Hernán Moreno Cardona. Estas dos personas fueron encontradas responsables de los mismos delitos.
En su investigación, la Fiscalía demostró que durante la administración de Montoya Hernández, la alcaldesa firmó un contrato con el abogado Moreno Cardona para asesorar a la Secretaría Administrativa y de Hacienda en el recaudo eficiente de impuestos en mora. Sin embargo, se determinó que Moreno Cardona ya aparecía vinculado a la administración municipal con otro contrato que lo obligaba a representar jurídicamente la alcaldía ante la justicia ordinaria y contenciosa administrativa.
El ente investigador evidenció que los contratos suscritos entre la Alcaldía y el contratista vulneraron la Ley 1386 de 2010, que prohíbe expresamente a las entidades territoriales celebrar convenios que deleguen la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.
La Fiscalía, además, logró establecer que los contratos carecieron de supervisión, responsabilidad a cargo de Domínguez Correa, en su calidad de Secretaria Administrativa y de Hacienda del municipio. De acuerdo con las autoridades, la funcionaria se limitó a verificar los valores que debían cancelarse mes a mes al contratista por concepto de honorarios, y que correspondía al 30 por ciento del valor del dinero que ingresara a la administración.
Los actos de corrupción descritos generaron un detrimento patrimonial para el municipio equivalente a 227′989.133 de pesos, la misma suma que le fue pagada al abogado, señaló la Fiscalía.
En este caso, el juez no concedió beneficio alguno a los sentenciados en cuanto a rebaja de penas, por cuanto se trata de delitos contra la administración pública. Por lo tanto, los sentenciados deberán cumplir su condena en centros de reclusión. No obstante, la decisión fue apelada por la defensa de los procesados.