Entre las más de 94 mil hectáreas de explotación de oro de aluvión en el país, al menos el 73% corresponde a explotaciones ilícitas. En Chocó, el departamento que concentra más hectáreas de ese tipo de minería, el dato escala hasta un 90%.
Así lo reveló la edición de 2022 del informe anual ‘Colombia: Explotación de oro de aluvión, (EVOA)’, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos (INL).
La directora de la ONUDC para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, explicó que el informe es un mecanismo de monitoreo con el que Colombia cuenta desde 2014, y que desde 2018 el Estado reconoce como una cifra oficial del panorama de la explotación de oro de aluvión.
Asimismo, subrayó que se trata de un método que hace posible, entre otros aspectos, mejorar en la detección de cuánto oro ilegal se cuenta en las cifras oficiales. Comprender la problemática de la explotación, dijo, “requiere una mirada integral”.
“Los territorios son escenarios de alta complejidad en los que deben configurarse estrategias de intervención integral”, mencionó, y agregó que en Colombia puede trabajarse en un mecanismo de detección que funcione para toda la región. Es “una oportunidad única”, expresó.
Departamentos con más explotación
El tamaño de la disminución no es en sí mismo alentador. Para 2021, se decía que el número de hectáreas había decrecido un 2%, pero los trece departamentos en los que el dato se repartía seguían siendo los mismos que se detectaron en 2020 y, de hecho, son los mismos del 2022.
Chocó es el departamento en el que se registró mayor minería de oro de aluvión, pues se detectaron 37 mil hectáreas en las que se ejecuta este tipo de explotación. Más del 89% de su minería es ilegal, al no contar con los permisos y requisitos técnicos adecuados, y solo el 2% es totalmente lícita.
Antioquia volvió a ocupar el segundo lugar, como indicaron los reportes de 2021 y de 2020. Al menos 35 mil hectáreas del departamento, lo que representa el 37% de toda la detección satelital registrada, son dedicadas a la explotación de oro de aluvión.
De esa cantidad, el 51% —algo así como 17,8 mil hectáreas— se realiza sin los permisos y los requisitos legales. Un 3% de las hectáreas está en tránsito a la legalidad y otro 46% se desarrolla con la totalidad de las bases técnicas y ambientales lícitas.
Más del 70% de la explotación de oro de aluvión es ilegal
El 73% de todo el oro de aluvión que se explota en Colombia es ilegal. Es decir, más de 68 mil hectáreas dedicadas a ese tipo de extracción de oro no cumplen con los requisitos técnicos o permisos adecuados para realizar los procedimientos.
Entre esas 68 mil hectáreas ilegales, el 59% se concentra en zonas excluibles de minería, lugares en los que, por disposición de las normas colombianas —especialmente la Ley 685—, no podría haber ningún tipo de minería, debido a condiciones ambientales que requieren protección y ameritan restricciones drásticas.
En total, de las 94 mil hectáreas de explotación de oro de aluvión, el 49% corresponde a zonas excluibles de la minería, mientras que el 40% se concentra en zonas en las que no hay ningún tipo de restricciones.
Eso no quiere decir que toda la explotación en zonas sin condicionamientos sea legal. Solo el 21% de todo el EVOA cuenta con permisos técnicos, y la mayoría de ese porcentaje se encuentra, según la analista de imágenes satelitales de la ONUDC Sandra Rodríguez, en Antioquia y Bolívar.
De otra parte, el 6% de todo el EVOA en Colombia está haciendo tránsito a la legalidad, mientras que un 42% se agrupa en zonas de minería restringible, es decir, en lugares donde eventualmente se podría hacer explotación, pero solo con otros requisitos, como permisos de autoridades étnicas o ambientales.
El área explotada no ha variada sustancialmente
Cuatro mil hectáreas son nuevas y al menos nueve mil son producto de una expansión de los centros en los que se minaba en años anteriores. Un dato interesante es que 18 mil hectáreas estuvieron en el pasado en zonas en las que ahora hay pasto y herbazales.
Es decir, la naturaleza puede recuperarse, pues buena parte de ella no ha perdido su capacidad. Esto refleja, de acuerdo con Rodríguez, “una oportunidad de trabajo en el territorio”, dado que el contacto con las comunidades, los proyectos de tránsito a otras economías y la prevención pueden dar lugar a una preservación del ecosistema.
Asimismo, entre 2021 y 2022, al menos 57 mil hectáreas de EVOA sin permisos permanecieron estables. De hecho, entre 2016 y 2022, la cifra es de más de 36 mil hectáreas. “Eso quiere decir que el aluvión es tan rico que llevan más de cuatro años explotándolo y lo siguen explotando”, mencionó Rodríguez.
“Pero aquí también es importante que recapacitemos como país. ¿Por qué, a pesar de los operativos que se hacen, las estrategias que se hacen para controlar el flagelo de la ilegalidad, aún permanecen, aún se conservan estos territorios con esta salida económica?”, cuestionó la analista, quien añadió que es fundamental empoderar a los pobladores.
Entre 2016 y 2022, aproximadamente 168 mil hectáreas de territorio se han visto afectadas, debido a que en algún momento se detectaron evidencias de explotación de oro de aluvión. Al menos 48 mil hectáreas de ellas provienen de explotaciones sin permisos, y al menos 74 mil hectáreas corresponden a zonas de pastos y herbazales.
Algunos alcances del informe
La ONUDC explicó que el reporte anual no cuenta ni a la explotación subterránea ni a la minería de subsistencia. Sin embargo, sus avances han logrado una aproximación a lo que ocurre con la explotación de oro de aluvión en los ríos.
La idea del informe es que el próximo año pueda haber un mejor avance en el tema. No obstante, por ahora se pudo encontrar que la explotación con dragas, dragones, balsas y demás ha mantenido alerta a unos cuatro mil kilómetros de río.
En 2022, ONUDC examinó unos diez ríos repartidos en la Amazonia y en la Orinoquia. La mayor cantidad de alertas se concentra en los ríos Caquetá y Putumayo, y se le suman los ríos Amazonas, Puré, Cotuhé, Apaporis, Inírida, Atapabo, Negro y Yari.
Asimismo, las comunidades étnicas con más incidencia en esos territorios, que pueden resultar especialmente afectadas por el impacto de la minería en los ríos, son: Curripaco, witoto, Puinave, Cocaima, Ocaína, Ticuna, Bora y Nuk.
Las consecuencias
Sandra Rodríguez manifestó, en primer lugar, que uno de los impactos más ostensibles se observa en la “pérdida de la capacidad hídrica”. Es decir, se pierde caudal y capacidad del suelo para permitir el almacenamiento o la normal corriente de agua.
La explotación de oro de aluvión, en ese sentido, se traduce en riesgos de contaminación, falta de potabilidad, escasez de pescado y, de acuerdo con lo declarado por Rodríguez, una “afectación directa en la calidad de vida” de las comunidades.
Entre los resultados más visibles puede hallarse la alteración del paisaje, algo que es “lo que más impacta visualmente”. Se trata de pérdida de vegetación, alteración de los suelos y la pérdida en general de los servicios ecosistémicos, como el proveer oxígeno o alimentos.
Por último, se habla de un riesgo palpable para las poblaciones. No solo porque la explotación ilegal de oro nutre económicamente a los grupos armados organizados, sino por los efectos que trae en el ecosistema, como el debilitamiento de los diques, lo que podría traer consecuencias para quienes se dedican a la explotación como para las comunidades aguas abajo.
La respuesta del Gobierno Nacional
Una de las entidades convocadas a la presentación del informe este martes fue el Ministero de Minas y Energía. El director de la Sección de Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Kevin Murakami, explicó que desde 2016 la agencia que dirige le colabora a la ONUDC y a MinMinas en la elaboración del documento.
Lo que INL hace es recopilar y validar los datos de imágenes satelitales y contrastarlos con otros del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Para Murakami, enfrentar el flagelo de la explotación ilegal es fundamental, pues se trata de acciones que “tienen consecuencias perversas en materia ambiental y socioeconómica”.
El ministro de Minas, Andrés Camacho, señaló que el informe es un ejercicio fundamental en la lucha contra la criminalidad y en la prevención del delito, principalmente porque existen grupos armados que “han migrado” del narcotráfico a la minería. “En ese sentido, cobra mayor relevancia el desarrollo de todo este tipo de seguimiento y monitoreo”, dijo.
Camacho instó a desarrollar un “plan de acción interinstitucional” para monitorear la actividad relacionada con otros minerales, para así “dar un paso adelante para avanzar en las políticas de transición económica en los territorios”.
Para el titular de la cartera de Minas, el enfrentar la explotación ilegal de recursos, en función de proteger la naturaleza y la biodiversidad, “tiene todo que ver” con la paz. Si no se actúa al respecto, la extracción de todo tipo de minerales puede ser un ejercicio “desordenado” que lleva a que “los impactos sean devastadores”.
*Colprensa.