En un documento de 13 páginas, dado a conocer en la noche de este jueves, el Consejo de Política Criminal le dio luz verde al proyecto de ley con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca desmantelar a las bandas narcotraficantes que se suban a la llamada paz total.

Esta iniciativa es clave para los propósitos del Ejecutivo, pues otorga rebajas de penas carcelarias que irían de 6 a 8 años, con un componente de sentencia restaurativa, y establece que quienes se sometan puedan, entre otras cosas, quedarse hasta con el 6 por ciento de las fortunas ilegales que amasaron durante su actividad criminal.

Además, con la llegada de este concepto -que en todo caso no es vinculante-, el Gobierno puede radicar ante el Congreso su iniciativa y comenzar a darle trámite para comenzar a formalizar los procesos de acercamientos que ya se tienen con varias de estas organizaciones delictivas, entre ellas el Clan del Golfo.

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En todo caso, si bien se le da el aval a la norma, establece unas críticas que coinciden con las hechas por el fiscal General, Francisco Barbosa, y la procuradora Margarita Cabello. Una de ellas, y de fondo, está relacionada con las penas.

“Se alienta, por otro lado, a que se establezca una precisión de la responsabilidad penal individual, y es que si bien el proyecto se enfoca en una sujeción colectiva de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, en el articulado se hace referencia, por ejemplo, a que “son obligaciones colectivas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto para acceder al tratamiento penal” lo cual llevaría a pensar en una responsabilidad penal de la estructura y no de la responsabilidad de personas natural”, se lee en el concepto del Consejo de Política Criminal.

Otro de los reparos que puso, y que pidió sean corregidos durante el debate legislativo, es que se dé más calidad sobre cómo operar cuando las sujeciones o desmantelamientos sean parciales.

“Se avizoró una falta de previsión cuando de sujeciones parciales se trata. En efecto, el proyecto de ley parte del supuesto de una sujeción integral de las estructuras y el cumplimiento completo de las obligaciones previstas en los artículos 10 y 11 por parte de todos sus miembros. Sin embargo, no se hace referencia al escenario donde exista una parte del grupo que no desee someterse o que incumpla con las obligaciones de acceso, y si ello conlleva a un incumplimiento por parte de todo el grupo que trae como consecuencia impedir el acceso a este mecanismo alternativo por quienes sí cumplan ej. Entrega de armas. Por lo anterior, se requiere precisar las consecuencias de este escenario”, se agrega en el documento que ya está en poder del ministro de Justicia, Néstor Osuna.

También hace observaciones en torno a que no se establece a qué estructuras de crimen de alto impacto se quiere llegar y que los derechos de las víctimas no son expresos o se ven limitados.

Otro punto es la falta de claridad sobre a aplicación del principio de oportunidad, por lo que pide una revisión ese recurso frente al delito de concierto para delinquir agravado, porque podría resultar contrario en casos de delitos como la tortura y el genocidio.

“No se aborda la posibilidad de reponer o apelar la aplicación del principio de oportunidad a los integrantes de las estructuras organizadas armadas de crimen de alto impacto, más si se tiene en cuenta que esta figura, la del principio de oportunidad, se torna basilar en el tratamiento que se busca brindar a los integrantes de estas organizaciones”, fue la crítica.

Así mismo, advirtió sobre el planteamiento de los artículos 28 y 42 del proyecto, porque se podría dar una extralimitación de las competencias de la unidad especial de investigación de la Fiscalía. Por eso, si se aprueba como está la norma, sería contrario al acuerdo de paz.

A todo esto se suma una advertencia: se debe aclarar si los integrantes de estas estructuras armadas de alto impacto serán objetos o no de extradición en caso de que lleguen a ser requeridos por otros Estados.