Un juzgado Bogotá ordenó la captura contra el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, condenado a 40 años de prisión por su presunta responsabilidad en la desaparición de varias personas durante la toma del palacio de justicia, entre ellas Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández e Irma Franco Pineda, ocurrido en noviembre de 1985.
En esta decisión, también serán capturados otros cuatro militares: Antonio Rubay Jiménez Gómez, Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardin Causayá Peña.
Aunque la defensa alegaba que no podía expedirse la orden de captura del exmilitar por haberse sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el juzgado determinó que aún no ha sido admitido en la jurisdicción y, por tanto, no hay impedimento para decretar las capturas.
El pasado 16 de marzo, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por 40 años contra el coronel del ejército Edilberto Sánchez Rubiano y los demás uniformados, como coautores del delito de desaparición forzada en la toma y retoma al Palacio de Justicia.
Casi cuatro meses después, el alto tribunal confirmó la sentencia, tras hallarlos responsables de la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, luego que salieron con vida y custodiados por el Ejército Nacional durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En el análisis del caso, la máxima corte destacó que varios testigos coincidieron en afirmar que varias personas fueron llevadas de inmediato al segundo piso después de ser acusados de ser “guerrilleros” por parte de los militares, entre ellos dos empleados de la cafetería del Palacio. Además, se señaló que se buscó de manera subrepticia ocultar a los sospechosos al ubicarlos en el segundo piso y omitir su registro oficial.
“Que en ese segundo nivel ninguna persona reconociera o identificara a los empleados de la cafetería no significa que no hubiesen estado allí; no solo porque la información que se cernía sobre la posible colaboración con miembros del grupo subversivo para la toma de la sede judicial, generaba de mayor sigilo, sino porque, dado el trato al que se les sometió ―con vejámenes e interrogatorios profundos― se advierte, en lugares separados cada uno de ellos, no era factible que pudieran observar o determinar lo que ocurría con los otros retenidos”, expreso el juzgado.
Cuatro testigos, incluyendo a los dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, manifestaron que fueron sometidos a torturas y amenazas por parte de los militares, quienes los acusaron de participar en la toma y los catalogaron como subversivos.
Por su parte, el general Jesús Armando Arias Cabrales insiste en su inocencia en relación con los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia. Por el contrario, él se considera una víctima más. En este proceso, también se condenó a Ferney Uldamarín Casayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia, quienes estuvieron a cargo de las operaciones lideradas por Sánchez Rubiano y realizaron señalamientos antes de ingresar a la Casa del Florero, ubicada a pocos metros del Palacio.
El coronel Sánchez Rubiano es el oficial con la mayor condena por las desapariciones ocurridas en el Palacio de Justicia. Por su parte, el general Jesús Armando Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
En medio de este proceso también se menciona al general Iván Ramírez Quintero, quien fue absuelto por falta de pruebas en 2015 y está a la espera de una decisión de segunda instancia. Asimismo, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente por la Sala de Casación Penal de la Corte, que revocó la condena de 25 años de cárcel en su contra.