Este miércoles, la Corte Suprema abrió investigación contra la exsenadora Sandra Elena Villadiego y el exrepresentante Raymundo Elías Méndez.

Según información del alto tribunal, entre 2016 y 2018, habrían influido ante el Gobierno Nacional para que dineros de cupos indicativos que les habían sido asignados, financiaran proyectos de Galeras (Sucre), a cambio de recibir una contraprestación económica previamente acordada por el mandatario municipal.

La sala de instrucción de la Corte Suprema investiga la presunta comisión de tráfico de influencias y cohecho propio en el ejercicio de sus funciones como funcionarios públicos.

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Por estas mismas irregularidades en el uso de los cupos indicativos para invertir en Galeras, Sucre, la Corte le abrió investigación y llamó a indagatoria al excongresista y excandidato presidencial David Barguil.

Según información recolectada por la Fiscalía, Amell Hernandez, en sus funciones de alcalde de Galeras para el periodo 2016-2019, presuntamente se contactó con varios congresistas para que mediaran ante Prosperidad Social (DPS), de modo que el municipio recibiera recursos del orden nacional, en este caso de los cupos indicativos, con el propósito de reparar la malla vial del municipio, pero con el acuerdo de devolución de dadivas por ser de intermediario.

Por ello, en juicio de imputación de cargos realizado en enero de este año, los funcionarios Remberto Javier Amell Hernández, Carlos Eduardo Cueto Corrales, quien se desempeñaba como secretario de Planeación para la época de los hechos; Lila Margarita Aldana Argel y del contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero, aceptaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.