Un trascendental fallo sobre la adjudicación de bienes baldíos en el país profirió la Corte Constitucional.

Aunque los detalles de la decisión no se conocen en su totalidad, lo que se sabe por el momento es que la Corte ha determinado que existe un tratamiento desigual en la adjudicación de bienes baldíos en el país y que el Estado no está cumpliendo con su deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

La decisión fue adoptada al revisar 13 fallos de tutela contra sentencias judiciales dictadas en procesos de pertenencia sobre predios rurales.

Las demandas fueron presentadas por la Agencia Nacional de Tierras, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, contra juzgados promiscuos municipales que adjudicaron los baldíos a beneficiarios que alegaban haberlos adquirido por prescripción.

De acuerdo con la demanda, los baldíos solo pueden ser entregados directamente por el Estado a través de los procesos que establece la ley para ese fin.

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Según un informe de DeJusticia, por lo menos unas 200.000 hectáreas de bienes baldíos han sido adquiridas a través de este mecanismo y por lo general quedan en manos no de campesinos que requieren acceder a la tierra, sino de grandes propietarios.

"Es problemático que baldíos sean adquiridos por prescripción y no por adjudicación...en el proceso de prescripción, el juez se limita a comprobar si la persona ha poseído el bien por un cierto número de años y si es así le atribuye la propiedad, sin hacer ninguna otra verificación. Por prescripción, entonces, personas muy ricas pueden adquirir la propiedad sobre grandes extensiones y con impactos ambientales negativos", señaló DeJusticia en su informe.

La Corte constató que sí ha habido un tratamiento desigual en la aplicación e interpretación del régimen especial de baldíos, aunque, según la información que ha dado a conocer hasta el momento el alto tribunal, en la decisión se adoptaron medidas para proteger los derechos de los particulares que mediante tales procesos pretendieron la regularización y formalización de la propiedad rural.

El alto tribunal también informó que la decisión incluye medidas para exhortar al Congreso a fortalecer la Agencia Nacional de Tierras, crear la jurisdicción agraria y adecuar la legislación agraria con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural, dentro del respeto del derecho de propiedad y las situaciones jurídicas consolidadas.

Se espera que en las próximas horas, la Corte dé a conocer más detalles de su decisión, y los efectos que esta podría tener en la adjudicación de bienes baldíos en el país.