La Corte Constitucional no avaló cinco de los 11 decretos que había expedido la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental para La Guajira, decretada por el presidente Gustavo Petro.
En una sesión realizada en la tarde noche de este jueves, 26 de octubre, la Corte Constitucional resolvió tumbar cinco decretos ordenados durante el Estado de emergencia en ese departamento por el gobierno de Gustavo Petro.
La Sala plena decretó la inexequibilidad del decreto 1270 de 2023, mediante el cual se adoptaron medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira.
Así mismo, la Corte también declaró, con efecto inmediato, la inexequibilidad del decreto 1268 de 2023, que buscaba medidas para la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica.
Por otro lado, también se tumbó el decreto 1271 de 2023, donde se adoptaron medidas en materia de asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en La Guajira.
Además, el Alto Tribunal ordenó dejar sin efectos dos decretos que buscaban beneficios para la comunidad indígena Wayuu: el primero es el decreto 1274 de 2023 que ordenaba crear una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu.
El segundo fue el decreto 1278 de 2023, por el cual se adoptaron medidas de emergencia en materia cultural para la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayúu, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el Departamento de La Guajira.
Según lo que se pudo conocer por fuentes de la Corte Constitucional, los únicos decretos aún vigentes de este estado de emergencia en La Guajira son los que hablan sobre acciones para el agua en el departamento.
Aunque la Corte reconoció la crisis que vive el departamento de La Guajira, consideró que la emisión del decreto no era justificable. “La gravedad de la crisis climática y la necesidad de actuar de manera decidida para afrontarla, no puede allanar el camino al estado de excepción, que debe seguir siendo el último recurso al cual acudir, cuando no existan mecanismos ordinarios o los existentes sean idóneos o insuficientes para conjurar la crisis e impedir la expansión de sus efectos”.
Instrumentalizar la crisis, el fuerte llamado de la Procuraduría
Margarita Cabello Blanco, procuradora general afirmó que el gobierno de Petro estaría “instrumentalizando” la crisis en el departamento de La Guajira “para obtener facultades legislativas excepcionales”, hecho por el cual le había pedido a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto.
“La crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales”, refutó.
En ese sentido, la funcionará resaltó que darle facultades extraordinarias al presidente Petro no sería la solución frente a la difícil situación que está pasando en La Guajira. Al parecer, el concepto se fue más allá y se catalogó de “inadmisible” la posición del primer mandatario.
Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ya se había refirió nuevamente a la situación que atraviesa La Guajira por cuenta del Fenómeno del Niño y aseguró que “todos los decretos de emergencia serán presentados al Congreso con mensaje de urgencia”.
“No se puede abandonar la Guajira a su suerte”, dijo.
Y añadió: “Estamos realizando una inmensa operación para impedir la sed en la Guajira. Más de cien mil litros de agua de pozo son repartidos en Uribia y el norte guajiro”.
*Redacción de El País, con información de Colprensa.