La Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber expedido en 2010 un certificado que permitió a una contratista inhabilitada suscribir un contrato con el Estado.
En ese momento, Jaimes se desempeñaba como procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y no tenía competencia para emitir dicha certificación.
El documento de la Corte Suprema señala que Jaimes firmó una certificación en la que aseguraba que Guiomar Patricia Riveros Gaitán no tenía antecedentes disciplinarios ni penales que le impidieran contratar con el Estado, a pesar de que sobre ella pesaba una condena firme de cinco años de prisión por abuso de confianza desde marzo de 2009.
“No existe en principio forma de explicar por qué ante el director del Hospital Militar, Brig. Gral. Ricardo Gómez Nieto, el procurador segundo delegado para la Casación Penal de la época, Gabriel Ramón Jaimes Durán, remitió documento afirmando falazmente que no existe ninguna inhabilidad e incompatibilidad para que la mencionada doctora (Guiomar Patricia Riveros Gaitán con CC 68288002) contrate con ustedes o con cualquier otra entidad del Estado”, sentenció el Alto Tribunal.
Con base en ese documento, Riveros Gaitán logró firmar en mayo de 2010 un contrato de prestación de servicios con el Hospital Militar Central.
Sin embargo, meses después, la Procuraduría General de la Nación informó a la entidad que la contratista sí estaba inhabilitada, lo que llevó a la terminación unilateral del contrato.
En 2017, la Fiscalía imputó a Riveros Gaitán por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Fue condenada en primera instancia a 64 meses de prisión, multa de 66,66 salarios mínimos y 80 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. La sentencia fue confirmada en agosto de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá.
A pesar de la condena contra la contratista, Jaimes no enfrentó consecuencias en su momento y continuó su carrera en la rama judicial.
Más tarde, como coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, decisión que fue rechazada y que llevó a que el exmandatario enfrente un juicio.
Ahora, la Corte Suprema ordenó compulsar copias para que el ente acusador investigue si Jaimes incurrió en una conducta irregular al certificar la habilitación de Riveros Gaitán sin contar con las facultades para ello.
El ente acusador deberá determinar si hay mérito para iniciar una investigación formal en su contra.
*Redacción de El País y de Colprensa.