La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 95 meses de prisión contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, como autor del delito de concierto para delinquir agravado con la finalidad de promover grupos armados ilegales.
El fallo de segunda instancia de la Sala de Casación Penal del alto tribunal confirmó que Ramos Botero es responsable de haberse aliado con grupos de autodefensa, para que incidiera a favor de sus campañas al Senado de la República (2002-2006) y la Gobernación de Antioquia (2008-2011).
El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria también ratificó que, en desarrollo de ese acuerdo ilegal , el entonces senador se reunió en 2005 con jefes paramilitares en orden de promover sus intereses en el proyecto de Ley de Justicia y Paz que cursaba en el Congreso de la República.
La sentencia de la Corte Suprema señala que “en forma directa o indirecta se produjeron apoyos personales a sus campañas políticas, por ser considerado afín a su causa”, refiriéndose al vínculo o nexo con grupos paramilitares, de lo cual “obran profusos testimonios”.
Para la Corte quedó probado que Ramos Botero se concertó con miembros de una asociación delictiva paramilitar, no solo para promover su existencia, sino para aprovecharse de los apoyos que en diverso sentido le servían a sus aspiraciones electorales de la época.
“Todo lo cual quedó al descubierto con las diversas reuniones y apoyos económicos y electorales de que ha dado cuenta profusa prueba destacada y que culminaron en la finca Bellanita, so pretexto de incidir en el trámite de una ley que indudablemente iría a favorecer al grupo armado”, señala la sentencia.
Según la Sentencia, a Ramos se le atribuyeron contactos con “los bloques Héroes de Granada o Centauros, conforme acreditaron Juan Carlos Sierra Ramírez y Andrés de Jesús Vélez Franco; con el Bloque Metro y el Cartel de la Gasolina, acorde con la versión de José Raúl Mira Vélez y articulado por Metroseguridad y la llamada oficina de Envigado”.