En medio del escándalo por la captura de un grupo de disidentes que eran transportados en vehículos de la Unidad Nacional de Protección, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, fue denunciada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La denuncia fue instaurada por un ciudadano identificado como Santiago Suárez Morales por las presuntas irregularidades que, al parecer, se registraron durante la captura y liberación de los disidentes de las Farc a bordo de la caravana de camionetas blindadas.
En diálogo con SEMANA, Suárez sostuvo que la acusación es por violación a la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, además de violación del Acuerdo de Paz, pues se trataría de una vulneración del principio de legalidad penal.
En un retén del Ejército Nacional en Antioquia se identificó que varios disidentes de la facción del Estado Mayor Central, con órdenes de captura vigentes, viajaban en una caravana de vehículos adscritos a la UNP. Aunque fueron detenidos, horas después la Fiscalía anunció que tres de ellos habían quedado en libertad.
“La decisión desconoce la aplicación de la ley penal de manera clara y precisa, lo que el principio de legalidad garantiza es que toda persona tenga certeza sobre qué conductas son punibles y bajo qué condiciones se protegen los derechos individuales”, aseguró el ciudadano sobre la denuncia que llevó a la Comisión de Acusación.
El documento de nueve páginas solicitó una investigación en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo por la controversial decisión que dejó en libertad a los disidentes.
¿Por qué los disidentes quedaron libres?
Aunque inicialmente las autoridades solo informaron sobre la captura de Firu y de una mujer conocida como Erika, con el paso de las horas se confirmó que los detenidos incluían a Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro o El Ruso, cabecilla de la Estructura 18, y Omar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco, cabecilla del Frente John Linares.
También fueron arrestados Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Erika Castro, delegada del Frente Carolina Ramírez; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla del Frente Rodrigo Cadete; Wenser Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla de Comisión del Frente Raúl Reyes; y María Alejandra Ojeda Londoño, por porte ilegal.
A pesar de lo anterior, tres de ellos quedaron en libertad solo unas horas después. Información oficial de la Fiscalía evidencia que las órdenes de captura de Firu, Ramiro o El Ruso, y Hermes Boyaco, han sido suspendidas. Esta decisión se basa en la solicitud del Gobierno Nacional para su inclusión en la mesa de negociaciones de paz.
El ente acusador añadió que, a pesar de la suspensión de las órdenes de captura, las investigaciones contra estas personas continúan activas y se abrirán nuevas indagaciones sobre los delitos relacionados con el operativo. Sobre los demás detenidos, la Fiscalía se ha negado a pronunciarse.
El ente acusador sustentó su decisión en el parágrafo 2, artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 que establece: “Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz”.