La Fiscalía General de la Nación, este sábado 14 de octubre, comunicó que a través de la Seccional Valle del Cauca y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio se afectó de manera estructural al ELN en el suroccidente del país con la captura y judicialización de tres presuntos responsables del secuestro de un funcionario de la Personería de Cali, y la ocupación de seis bienes que pertenecerían a la organización criminal.
Según el comunicado oficial, inicialmente, fueron presentados ante un juez de control de garantías José Ferney Riascos López, alias Zarco, señalado cabecilla del autodenominado Frente de Guerra Occidental Omar Gómez; Mauricio Montenegro Robles, alias Robles; y Gloria Urrutia, alias Mona.
Presuntamente, estas tres personas capturadas participaron en el secuestro de un funcionario de la Personería de Cali, el pasado 10 de junio, en Restrepo (Valle del Cauca). “Por la liberación de la víctima, el grupo armado ilegal exigió a los familiares 1000 millones de pesos”, detalló el comunicado. Finalmente, fue dejada en libertad el 17 de julio del año en curso.
“Los posibles involucrados en estos hechos fueron capturados en diligencias realizadas por la DIJIN de la Policía Nacional en Buenaventura (Valle del Cauca) y Montenegro (Quindío)”, resaltó la entidad.
De hecho, la Fiscalía les imputó, de acuerdo con su eventual responsabilidad, los delitos de rebelión, secuestro extorsivo; y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.
‘Zarco’ y ‘Robles’ no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. De otra parte, alias Mona reconoció el cargo de rebelión y seguirá vinculada a la investigación.
Por otro lado, “fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 2 predios urbanos, 2 inmuebles rurales y 2 vehículos, avaluados en más de 3.000 millones de pesos”.
Las propiedades se encuentran ubicadas en Calima Darién y Yumbo (Valle del Cauca); y Armenia (Quindío). “Los elementos de prueba indican que habrían sido utilizadas por el Frente de Guerra Occidental del ELN para realizar secuestros y ocultar a integrantes de esta estructura, entre otras actividades ilícitas”, confirmó el comunicado oficial emitido por la Fiscalía.
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Todo el caso inicio el 19 de enero de este año, cuando el bebé ingresó en grave estado de salud al Hospital Jorge Eliecer Gaitán, en la localidad de La Candelaria, en Bogotá. Al respecto, la abuela del menor indicó que la madre y el padrastro le entregaron al niño envuelto, asegurándole que se había caído.
Tras presentar lesiones de gravedad que le causaron la posterior muerte, el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de la muerte era maltrato infantil severo. Los exámenes realizados evidenciaron hematomas y heridas que no correspondían a una caída.
Tras el proceso de investigación, se obtuvo evidencias sobre la posible responsabilidad del padrastro. “Al parecer, el hombre no soportaba que el menor de edad llorara, y una noche le propinó patadas indiscriminadamente, con el cable de un cargador de celular lo golpeó en diferentes partes del cuerpo, y le infligió dolor y sufrimiento físico de múltiples maneras”, expresó la Fiscalía.
Las autoridades reportaron que tras sentirse descubierto, el señalado agresor presuntamente contactó a una red criminal y escapó por el ‘Tapón del Darién’ hacia Panamá, por lo que Interpol emitió una notificación azul en su contra. Luego de tres meses de travesía por Centroamérica, se conoció que esta persona habría entrado irregularmente a Estados Unidos.
A su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá fue capturado. Un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado, acceso carnal violento agravado y tortura agravada.
Aunque el procesado no aceptó los cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario debido a que el juez determinó ser un peligro para la sociedad y de paso eliminar otra posible fuga por parte del implicado.
*Con información de Colprensa.