Tras casi cuatro horas de espera, ayer en Tibú (Norte de Santander) se dio apertura oficial a la mesa de diálogos que reúne al Gobierno nacional y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc-EP (EMC), comandadas por ‘Iván Mordisco’.
La expectativa estaba sembrada en Tibú luego de la suspensión de acciones ofensivas que el gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, firmó el pasado 8 de octubre, con el fin de que hubiese un mejor acercamiento entre el Estado y las disidencias.
Tras varios días de denuncias por parte de ambos bandos de infracciones al cese, este lunes se pactó un fin al fuego que irá hasta el 15 de enero de 2024, aunque tendrá posibilidad de prorrogarse.
El encargado de firmar el decreto de cese fue el presidente Gustavo Petro, lo que retrasó la instalación formal de la mesa de diálogos.
Entre lo pactado, se acordó conformar la mesa con representantes del Gobierno y de las disidencias, así como con personal del Ministerio de Defensa, un observador militar y uno policial.
Se buscará elaborar un protocolo para determinar las áreas de presencia del EMC.
Aunque el Estado Mayor Central y el Gobierno acordaron el cese al fuego, no se suspenderán las acciones de la Fuerza Pública contra las economías ilegales.
El ministro de Defensa, por su parte, expedirá lineamientos para cumplir con lo decretado.
Instalación de la mesa de diálogo
La mesa de diálogos entre el Gobierno y el EMC se llevó a cobo en las instalaciones del club El Barquito.
Aunque el acto de instalación estaba previsto para que empezara a las 8:00 de la mañana, representantes de las instituciones y del Estado Mayor Central empezaron a intervenir a las 12:00 del mediodía.
“Empezamos luego de catorce meses una fase sustancial, de exploraciones, con altibajos. Hemos tenido más de 25 reuniones, hemos intensificado el diálogo, de manera secreta y privada, pero hemos resuelto las contradicciones, hemos avanzado, dijo el comisionado de Paz, Danilo Rueda.
“Tenemos tres meses para ganar el corazón de muchos colombianos escépticos”, agregó.
Asimismo, resaltó que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario puede garantizar la construcción de “una democracia para todas y todos”.
A su turno, el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, afirmó que en la vigencia del cese al fuego se trabajará en las zonas afectadas por el conflicto entre el Estado y las disidencias. “Esta es una experiencia de participación sin armas, de reconversión de economías ilegales”, destacó González.
Quien también resaltó que se estuviese hablando de paz luego de un cese al fuego fue el delegado del partido de oposición Centro Democrático en las negociaciones, Fabio Valencia Cossio. “Lo importante es que estamos logrando los diálogos con un cese al fuego”, expresó.
“Lo importante es la población y el respeto a la libertad, la gente no quiere que se siga asesinando ni que se siga extorsionando”, apuntó Valencia, quien señaló, además, que en “anteriores procesos de paz el Gobierno y los grupos ilegales se habían sentado a planear acuerdos en medio del conflicto”.
Andrey Avendaño, el jefe negociador del Estado Mayor Central, dijo, por su parte, que esta mesa de diálogos es “una nueva oportunidad”.
“La guerra nos quitó la juventud, nos impidió tener infancia, educarnos, crecer al lado de nuestras familias y amigos. No queremos que otros pasen por eso”, concluyó.
Los objetivos pactados
Después de la lectura del fragmento, un delegado del Estado Mayor de las disidencias se dispuso a leer los objetivos del acuerdo de cese al fuego que firmaron el gobierno de Petro y el grupo armado.
Entre los objetivos que se consignaron en este acuerdo se encuentra el de proteger a la población civil y facilitar el buen funcionamiento de esta mesa de diálogo.
“Proteger a la población civil y facilitar las condiciones de funcionamiento de la mesa de diálogos de paz, además, se busca velar por el libre desarrollo de las elecciones del próximo 29 de octubre de 2023 y el respeto de sus resultados”, reza el documento del cese al fuego bilateral.
Voces de la comunidad
Los habitantes de los diferentes territorios coincidieron en afirmar que esperan que estos diálogos estén sentados en principios reales, que se puedan cumplir y que las partes manifiesten su compromiso para una desescalada de la guerra.
Juan Carlos Sinisterra, alcalde del municipio Roberto Payán, en Nariño, fue uno de los gobernantes que se pronunció, afirmando que le preocupa que los acuerdos que se pacten no se puedan cumplir y esto lleve a que no se tenga en cuenta a las comunidades y se generen expectativas falsas, como en ocasiones anteriores. “La comunidad no quiere más engaños ni mucho menos va a permitir que el sueño de vivir en paz se vaya a desvanecer. Es necesario que el Gobierno y las disidencias blinden el proceso dando voz y voto a las comunidades, que tanto ha sufrido por el conflicto armado. Ya están demostrando su voluntad para recuperar la confianza de las comunidades”, expresó.