No cesa la polémica por el llamado que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo a mitad de semana al Gobierno Nacional, en el que solicitó que el Ministro de Defensa acuda a alguno de los consejos de gobierno que se adelanta en el departamento para que sea testigo de la difícil situación que se vive en la región.
“En este momento no son los congresistas, los diputados o los funcionarios, son los vallecaucanos que están pidiendo a gritos que revisemos el tema de seguridad en la región”, afirmó Roldán, en medio de un consejo de seguridad realizado en una sesión del Bloque Regional de Congresistas.
Y este no es el primer pedido que se realiza desde el departamento del Valle: el 30 de mayo, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, pidió que el Gobierno Nacional prestara atención a la difícil situación de violencia que atravesaba el municipio, por cuenta de las disidencias de las Farc.
El mensaje iba dirigido al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, donde afirmó:
“Este es un llamado desde el fondo de mi corazón, Jamundí no aguanta más sangre. Les necesitamos. Jamundí no aguanta más derramamiento de sangre. Es muy doloroso tener que informar la muerte de dos personas que habían sido secuestradas este fin de semana en la zona rural. Dos hombres trabajadores quienes ahora son una cifra más de esta guerra que pareciera no quiere dar tregua. ¿Qué más debe pasar para que nos miren y toda la fuerza del Estado le responda a Jamundí?”.
Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara, manifestó que “el país no aguanta más una mala noticia. Falta de control del Gobierno Nacional frente al orden público y las bandas delincuenciales, que desbordan toda posibilidad de esperanza de los colombianos. Atracos, asesinatos y ataques civiles a la población nos dejan nuevamente como un país de altísimo riesgo?, mientras las familias con miedo e impotentes seguimos a la merced de un barco a la deriva”.
Voces a favor y en contra
Las declaraciones de la Gobernadora alentaron un debate en diferentes sectores del departamento del Valle.
Una de las voces a favor es la del secretario de seguridad y convivencia de Palmira, el coronel (R) Rodrigo Cepeda.
En la semana que termina, tanto él como el alcalde Óscar Escobar, denunciaron las extorsiones que han sufrido los productores de leche en zona rural de Palmira, por lo que le piden al Gobierno Nacional apoyo para garantizar la labor de este gremio.
Cepeda afirmó: “Hace aproximadamente tres años nosotros contábamos con 36 cuadrantes y teníamos menos habitantes de los que hay hoy. Actualmente contamos con 18 cuadrantes y tenemos cerca de 380 mil habitantes, entonces digamos que, en vez de estar mejorando estamos desmejorando porque no hay el suficiente pie de fuerza de la Policía Nacional para atender la necesidad de seguridad de la ciudad”.
Por su parte, el representante a la Cámara Alejando Ocampo, consideró que la Gobernadora fue oportunista al lanzar sus declaraciones y peticiones.
“Ella nunca tramitó la reunión con el Ministro de Defensa como debería hacerlo y nunca buscó a la bancada para hacerlo”, dijo el representante.
Si bien coincide en que se necesita presencia del Gobierno Nacional en el Departamento, Ocampo sostuvo que más que una solución, la Gobernadora buscaba respaldo mediático.
“Yo he venido denunciando que tenemos el departamento más afectado en orden público y esto va a generar enormes riesgos en materia electoral”, manifestó Motoa.
Así lo confirmó el secretario de seguridad y Convivencia de Palmira, ya que, en la zona rural de su municipio, la estructura armada Adán Izquierdo, de las disidencias de las Farc, ha impedido el proceso de inscripción de cédulas que adelantan los funcionarios de la Registraduría Nacional para las elecciones territoriales de octubre.
A su vez, Motoa explicó que, además de la importancia de solicitar un consejo de seguridad con el Ministro de Defensa y acciones inmediatas del Gobierno, la Gobernación también debe poner de su parte.
“Uno creería que en muchos casos la Secretaría de Gobierno no ha sido suficiente para enfrentar delitos en el departamento del Valle del Cauca. Deben ser acciones conjuntas, la responsabilidad mayor la tiene el Ejecutivo, pero también se necesitan acciones urgentes de la Administración Departamental”, complementó Motoa.
De la misma manera, Ocampo afirmó que es necesaria una estrategia de seguridad clara y una política social contundente para favorecer a los sectores más vulnerables.
“El problema no es del Ministro, el problema hay que solucionarlo entre todos, pero es necesaria una articulación de la Gobernación con las alcaldías que no ha podido hacerse”.
Lo cierto es que todas las visiones coinciden en que el Gobierno Nacional y el departamental deben unirse.