El reclutamiento de menores no da tregua en el Cauca, ¿quienes son los responsables?

El pasado 9 de marzo, la retención forzada de al menos seis menores por grupos armados ilegales en las calles del municipio de Caloto, norte del Cauca, prendió la alerta máxima entre las comunidades indígenas del departamento.

Si bien la rápida reacción de la guardia indígena permitió que dos de ellos fueran rescatados en el municipio de El Tambo, más de 272 menores que habrían sido reclutados en los dos últimos años no contaron con la misma suerte.

Según la información suministrada por el Tejido de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, Acin, los jóvenes son extraídos de sus territorios bajo diferentes mecanismos de convencimiento y trasladados, algunos, al sur del departamento, a municipios como Argelia, donde se presentan intensos combates entre el Frente Carlos Patiño, que pertenece al Comando Coordinador de Occidente y la alianza ELN y Segunda Marquetalia.

Este fenómeno se extiende a casi toda la parte nororiental del Cauca, a municipios como Toribío y Buenos Aires, donde se han reportado varios casos. En esta última población también se han presentado amenazas contra docentes de la Institución Educativa, Inedic, del resguardo Las Delicias, además de la muerte, el pasado 14 de enero, de un miembro de la guardia indígena y de un menor de 14 años, al parecer por disidencias de las Farc.

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La Acin señaló que en el territorio de Canoas, en el municipio de Santander de Quilichao, también se presenta reclutamiento forzado y advirtieron que “la suma de estos hechos representa un estado de alerta máxima para las comunidades del norte del Cauca”.

“Enfrentamos momentos de vulneraciones graves de derechos de los niños y niñas, así como afectaciones territoriales que destruyen el tejido comunitario”, indicó la Asociación a través de un comunicado de prensa.

Además, instaron a los organismos de Derechos Humanos, a las instituciones protectoras de los menores y a las organizaciones sociales a activar todos los mecanismos de apoyo para la recuperación de los menores reclutados para la guerra.

339 líderes han sido asesinados en el Cauca, de los cuales 162 son indígenas, desde la firma del Acuerdo de Paz, en La Habana, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Jhoe Sauca, vocero de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, explica que es una situación que se reconfigura a partir del crecimiento de los grupos ilegales armados y de su presencia territorial en varias zonas del departamento, especialmente en el norte, en municipios como Toribio, Caloto, Corinto, Jambaló, pero también hacia el nororiente, en los resguardos de Caldono.

Agregó que adicionalmente hay reportes en la parte de Tierradentro, municipios de Páez - Belalcázar, y en los límites entre el Valle del Cauca y el Naya, conectando al municipio de Morales, en la zona occidental, donde hay presencia de estos grupos que se disputan el territorio por el control de los cultivos ilícitos y el tema del narcotráfico.

“Estas zonas son las que referenciamos como más fuertes en el tema de reclutamiento forzado, que inicialmente tiene unas formas de convencimiento, si se puede decir así, por la falta de oportunidades de educación y laborales. Los grupos se aprovechan de esto y ofrecen pagarles un salario para que se vayan a sus filas”, señaló Sauca.

Muchos de estos jóvenes son llevados a la zona centro - sur de la región, al municipio de El Tambo y Güisito, en el Cañón de Micay, donde se registran fuertes enfrentamientos entre disidencias de las Farc y ELN.

“El último informe de Acin habla de más de 262 menores, la mayoría hombres, entre 11 y 17 años de edad. Si bien hay un tema de convencimiento, cuando los llevan a estas zonas ya no les permiten regresar y los obligan a permanecer en sus filas. Tristemente este es el asunto que hoy se presenta en el Cauca”, dijo Sauca.

Las primeras denuncias de reclutamiento por parte de grupos ilegales se conocieron en el 2020. Sin embargo, el año pasado hubo un aumento de las cifras y, este año, cuando solo han transcurrido tres meses, se estima que el flagelo alcanza un alto porcentaje.

En la década de los 90 se evidenció en el país el fenómeno del reclutamiento forzado de menores por los grupos ilegales alzados en armas, situación que aún continúa.

Las autoridades indígenas han revelado que estos grupos, como sucedió en Caloto, están ubicando reclutadores alrededor de las Instituciones Educativas y en veredas apartadas, pero también en zonas urbanas.
Advierten que en la mayoría de los casos los menores son reclutados para el conflicto armado, pero también han conocido que son utilizados para la prostitución o trata de personas.

En este escenario tan complejo, la tragedia es mayor para las familias de estos pequeños, muchos de los cuales mueren en combate y son llevados como NN a las morgues de la región, donde luego son identificados por sus seres queridos, que no se atrevieron a denunciar por temor a represalias, pues estos grupos se mueven por los territorios en total impunidad.

En los dos últimos meses, dijo Sauca, se estima que unos once menores han sido asesinados dentro de las filas de estos grupos armados.

Por su parte, Juan Manuel Camayo, miembro de Derechos Humanos de la Acin, indicó que el incumplimiento del Gobierno después de la firma del proceso de paz, ha desbordado en escenarios muy complejos para el departamento del Cauca, donde ha habido una reconfiguración del conflicto con el surgimiento de nuevos grupos que utilizan diversas estrategias para mantener el tema de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería, mediante prácticas ilícitas como el reclutamiento forzado.

“Son más de 272 menores, es toda una institución, por decirlo así, reclutada, que pone en graves condiciones la juventud del Cauca, a las comunidades indígenas y a la misma sociedad. A eso debemos sumarles las masacres y asesinato de líderes, además de hostigamientos, 68 en total en el 2021”, manifestó Camayo.

Expresó que este fenómeno no solo golpea a las comunidades indígenas, también a afros y campesinos.

“El reclutamiento es una práctica que se ha vuelto un negocio para estos grupos”, subrayó.

Entre tanto, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, aseguró que es un flagelo “gravísimo” porque ya están yendo incluso a las escuelas y retienen jóvenes no solo mediante engaños, sino que hay reclutamiento por retención y privación de la libertad, en contra de lo que son las decisiones de las comunidades indígenas. “Esto es una clara violación del Derecho Internacional Humanitario que prohíbe este tipo de prácticas y un ataque a las culturas de estos pueblos y a sus autoridades”, precisó.

Afirmó que las situaciones que se han denunciado corresponden en su mayoría a los disidentes o residuales del proceso de las Farc.

“Estamos hablando de centenares de jóvenes; es un reclutamiento que ha venido creciendo de manera pavorosa y, por supuesto, debilita las comunidades, debilita las organizaciones y es un ataque a su cultura, a su cosmovisión, a su vocación pacífica”, anotó.

Juan Manuel Camayo, miembro de Acin, sostuvo que no solo los grupos ilegales reclutan menores, también el Ejército los recluta para el servicio militar cuando hay una prohibición legal.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, dijo que la situación de persecución es muy grave y que estos grupos se multiplican en las barbas de la Tercera División.

La Comisión de la Verdad, a través de un comunicado, dijo que estos hechos “ponen nuevamente la alerta de exterminio físico y cultural de los pueblos del Cauca”.