Luego de que el Gobierno Nacional visitara el Valle del Cauca el pasado lunes debido a la ola de inseguridad que está atravesando la región, se lanzaron varias propuestas que buscan mejorar la situación, entre las que se destacan el aumento del pie de fuerza militar y policial en los municipios; el traslado de 47 privados de la libertad de la cárcel de Tuluá para que no continúen con sus actividades extorsivas desde el centro penitenciario; la reparación de las cámaras de seguridad departamentales y municipales; y la creación de un nuevo batallón de alta montaña del Ejército Nacional que cubra las necesidades del territorio. Se analizaron cada una de ellas.
Aumento del pie de fuerza en el Valle del Cauca
La gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, ha hecho llamados insistentes al Gobierno Nacional para que aumente el número de uniformados en la región, pedido al que se han sumado los alcaldes que viven la inseguridad en sus municipios.
Por ello, uno de los anuncios más importantes que hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue que 4000 jóvenes policías saldrán de la escuela de cadetes en octubre y serán distribuidos en todo el país de acuerdo con las necesidades de las regiones. Asimismo, se reincorporarán uniformados que voluntariamente dejaron la Institución, por lo que se les está realizando un entrenamiento de 45 días.
“Ya van cerca de 1700 policías retirados que han pedido el reintegro y están en este proceso. Además, hay centenares de policías que, a pesar de haber recibido la capacitación de seguridad ciudadana, están ocupados en labores administrativas, por lo que ahora saldrán a cumplir la función para la que fueron preparados” y añadió que de estos nuevos policías que salen, aproximadamente 300 serían enviados a Cali.
Pero Christian Garcés, representante a la cámara, afirmó que este pie de fuerza no es suficiente. “La información dada por el ministro de Defensa y el ministro del Interior en el bloque parlamentario no soluciona el problema creciente de la inseguridad en el Valle del Cauca y la región, el número de policías que llegará es insuficiente”, expresó.
De la misma manera, el abogado y exsecretario de seguridad de Cali, el coronel (r) Carlos Javier Soler, aseguró que la ciudad deber tener la tasa internacional de uniformados por número de personas, es decir, “debe haber 300 policías por cada 100.000 habitantes, con esas cifras se recupera el orden público de la mano de Investigación Criminal y de la Fiscalía General”, explicó.
Garcés concluyó que el fallo de los planes de choque y otros destinados a la seguridad es que “trasladan recursos humanos y tecnológicos a una población como Tuluá, dejando debilitada la otra población donde los sacan. Envían a nuestros policías y soldados de un lado para el otro, pero no aumentan el número de ellos”.
Estrategias para Tuluá
De acuerdo con el anuncio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras su visita a este municipio en la mañana del lunes, una de las estrategias para mejorar la seguridad en la región será trasladar a 47 detenidos que están en la cárcel de Tuluá a otros centros de detención para evitar que sigan extorsionando.
Soler celebró esta medida, ya que en su experiencia, estas acciones son beneficiosas. “Cuando fui secretario de seguridad hicimos un movimiento de casi 30 personas que detectamos que extorsionaban y manejaban combos de sicarios a centros de máxima seguridad donde no tenían acceso a celulares ni a Internet, con esto se bajaron los índices”. Sin embargo, comentó que para que esos planes sean exitosos se debe restringir electrónicamente el internet en las cárceles.
Por su parte, el ex uniformado de la Policía Nacional y experto en seguridad, Héctor Herrera, discrepó y sostuvo que la única manera efectiva de limitar la actividad criminal desde estos centros, es ser rigurosos con la restricción de la entrada de celulares y el acceso a señal telefónica.
Mantenimiento de la tecnología de reconocimiento
Uno de los puntos que el subdirector de la Policía Nacional, el brigadier general Tito Yesid Castellanos, abordó en el bloque de parlamentarios, fue que área metropolitana de Cali tiene 2431 cámaras, que son responsabilidad de las alcaldías, de las cuales 1567 están dañadas, casi el 60%. Además, explicó, “tenemos 742 cámaras, de las cuales 256 están dañadas. Buenaventura tiene 64 y todas están malas, Tuluá tiene 22 cámaras y 13 dañadas”.
Y añadió, “así como están pidiendo mayor pie de fuerza, que se les va a dar, yo también solicito que tengamos tecnología, que es responsabilidad de las señoras y los señores alcaldes, con el único propósito de tener elemento material probatorio para adelantar investigaciones”.
Atendiendo a esta solicitud, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, anunció la adjudicación del contrato de fortalecimiento y mantenimiento al sistema de videovigilancia de la ciudad. “Este año vamos a invertir en un nuevo proyecto de cámaras LPR con tecnología de reconocimiento de placas que identifica el color y modelo del vehículo”, comentó.
De acuerdo con Herrera, no basta con arreglar algunas cámaras, sino hacer un diagnóstico de los puntos donde necesitan reubicación. “En algunas partes han construido edificaciones que obstaculizan las cámaras existentes”.
De la misma manera, el exsecretario de seguridad argumentó que se necesita que las cámaras sean reparadas en breve y que si bien son responsabilidad de la Alcaldía, el Fonsecon, recursos del Ministerio del Interior, también deben ser destinados para el mantenimiento, reubicación y colocación de estos equipos tecnológicos.
Un nuevo batallón de alta montaña para el departamento
La Gobernadora Clara Luz Roldán manifestó en el bloque parlamentario la necesidad de un batallón de alta montaña en el corregimiento de Barragán, en Tuluá, Valle del Cauca, para que preste sus servicios en la protección, en lo que denominó “un corredor en el que debemos combatir a los grupos al margen de la ley”.
“Los batallones de alta montaña se diseñaron para bloquear los corredores de movilidad de las Farc en su despliegue estratégico sobre la cordillera occidental y central, por lo que es una recomendación acertada”, explicó Soler.
De la misma manera, Herrera expresó que está de acuerdo con la construcción de un batallón del alta montaña en la zona, pues según él, grupos guerrilleros delinquen en la zona desde hace décadas. Además, manifestó que en este espacio se necesitan al menos 1500 soldados que presten su servicio de seguridad de manera efectiva.
Sobre el tema, el general Helder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, dijo: “Hemos tomado atenta nota a lo expuesto por la Gobernadora y el Alcalde de Cali en lo referente a un batallón de alta montaña que abarque todo el sector, desde los Farallones de Cali, el municipio de Dagua, Jamundí y hasta Buenaventura”.