En un informe publicado por la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre las agresiones contra líderes políticos y servidores públicos en Colombia, el departamento del Valle ocupó el quinto lugar.
Según el informe, las cinco regiones más afectadas por hechos de violencia política son: Cauca y Bogotá, con 6 cada uno; luego está Cesar, con 3; y finalmente, Valle del Cauca y Putumayo, con dos cada uno.
Estas cifras fueron recopiladas entre el 27 de octubre del año pasado y el 31 de enero.
Por lo anterior, la MOE reclamó del Gobierno Nacional que se adopte un plan de acción oportuno y específico para los líderes políticos y candidatos, porque cuando apenas arranca la campaña ya han asesinado a dos candidatos y son decenas las amenazas.
Entre el 29 y el 30 de enero, en menos de 72 horas, la plataforma registró el asesinato de Silvio Montaño Arango en El Cerrito, Valle, y Jorge Herney Castrillón en San José Uré, Córdoba. Ambos eran precandidatos a la alcaldía de sus municipios.
De la misma forma identificaron 30 hechos de violencia contra precandidatos, servidores públicos elegidos popularmente y funcionarios de los organismos de control.
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"La MOE rechazó estos hechos de violencia y solicitó a la Presidencia de la República que se integren a todos los partidos y movimientos políticos en las estrategias para prevenir el escalamiento de este tipo de agresiones", señaló la organización.
Se resalta además el incremento de amenazas que se han venido intensificando contra candidatos y funcionarios electos.
"La primera ocurrió el pasado 20 de enero contra dos diputados de Putumayo, la señora Yuri Quintero de la Alianza Verde y Euler Guerrero del Polo Democrático Alternativo. La segunda en Bogotá, dirigida contra dos precandidatos del Partido Verde a la Alcaldía, Claudia López y Antonio Navarro Wolf; y cuatro Congresistas: los excandidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia Humana, Angela María Robledo y Gustavo Petro; el Senador del PDA, Ivan Cepeda y el Senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde", expresó Alejandra Barrios, presidente de la MOE.
Barrios concluyó que "si bien se reconoce la importancia de la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es necesario involucrar a todas las organizaciones políticas, a miembros de la oposición y servidores públicos elegidos por voto popular, ya que el actual Plan de Acción Oportuna solo cobija líderes sociales y comunales, periodistas y defensores de derechos humanos".
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