Hace unos días, el Juez Quinto Penal del Circuito de Cali decidió otorgar la libertad, por vencimiento de términos, a Ómar Ambuila, Elba Chará y Jenny Lizeth Ambuila, implicados en un escándalo de corrupción al interior de la Dian.

Sin embargo, horas después de esa decisión, se conoció que Ómar (quien era jefe del Control de Carga de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dian de Buenaventura), además de responder por un presunto caso de corrupción dentro de la entidad, deberá enfrentar, así esté libre, una investigación disciplinaria que le abrió la Agencia del Inspector General de Tributos, Renta y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Diana Richardson Peña, directora general de la entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que protege el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción que cometan funcionarios de la Dian, Coljuegos y la Ugpp, habló con El País sobre la investigación de Ómar Ambuila.

“El imputado pudo haber aumentado su patrimonio de forma injustificada en más de $600 millones y podría recibir una sanción que oscila entre 10 y 20 años de destitución e inhabilidad para ejercer un cargo. Se espera que esta decisión se conozca el próximo mes”, indicó Richardson Peña.

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¿En qué consiste la investigación disciplinaria de la ITRC contra Ómar Ambuila?

Es un proceso que ya llevaba un tiempo en la entidad. El caso está en primera instancia y tiene pliego de cargos por incremento patrimonial injustificado. Nosotros esperamos que el fallo se emita más o menos en un mes, contando con que se pueda reanudar términos, porque infortunadamente la pandemia y el tema de la suspensión de términos administrativos y judiciales ha afectado el ritmo de los procesos.

¿Pero a qué se refiere exactamente con lo de incremento patrimonial injustificado?

La investigación da cuenta, básicamente, de que este señor se ha enriquecido utilizando el cargo. Es decir, los sueldos que él ha devengado como funcionario público no alcanzan a explicar el incremento patrimonial que se ha detectado en el proceso. Es un incremento bastante considerable, por más de $600 millones. No ha podido explicar cómo un funcionario público, con un salario promedio de cuatro o seis millones de pesos incrementa su patrimonio en las dimensiones que él lo ha hecho. Vemos, entonces, que ha utilizado su función en el cargo para enriquecerse de manera injustificada.

¿Y qué implicaciones le podría traer esta investigación a Ómar Ambuila?

El hecho de contar ya con un pliego de cargos es para nosotros un paso muy importante hacia la decisión final, que en caso de que sea sancionatoria, seguramente va a ser la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el tiempo que considere la primera instancia y según el análisis jurídico que se haga del caso. La sanción podría oscilar entre 10 y 20 años.

¿Esta investigación es distinta al proceso penal en el que está vinculado la familia Ambuila, hoy en libertad?

Sí. Es una acción disciplinaria que lo que busca es proteger la función pública, exclusivamente. Por eso nuestra investigación se dirige puntualmente al señor Ambuila, que es el funcionario público, el único que puede resultar sancionado. Puede haber perjuicios, o sea que las pruebas pueden apuntar a que él se haya podido enriquecer de manera injustificada utilizando, por ejemplo, como testaferros a sus familiares. Eso lo podríamos detectar nosotros, pero solo sancionaríamos al funcionario, ya que esa es la función de la acción disciplinaria.

¿Cuál es el estado actual de Ómar Ambuila, además de estar hoy libre?

Obviamente está separado del cargo, en razón de la medida de aseguramiento que cumplía y continuará suspendido, ya le corresponde a la Dian determinar cómo va a manejar esa situación. La ITRC seguirá con la investigación de la manera más ágil posible y tomando las medidas más eficaces. En ocasiones, el funcionario se ha manifestado con algunas solicitudes de pruebas y descargos.

¿Hay otros funcionarios involucrados en el mismo caso de Ómar Ambuila?

Sí, hay otros funcionarios públicos que están siendo investigados, todos conforman la misma red y por eso los estamos investigando. El proceso inició con unos cinco o siete funcionarios, y en este momento hay uno en una condición muy parecida a la del señor Ambuila, de apellido Moreno Granja.

¿Por qué se conoció esta investigación una vez salió lo de la libertad de los Ambuila?

La investigación no es nueva, ya tiene sus años y está prácticamente en su fase final. Salió o llamó la atención de los medios en este momento porque hubo una consternación generalizada en el país por el hecho de que hubiera sucedido esto del vencimiento de términos. Hay indignación por parte de todos los colombianos, pero esta investigación de la ITRC, por lo menos, es una voz de esperanza en el sentido de que se está haciendo justicia, se está investigando, se está protegiendo la función pública.

¿Por qué cree que este tipo de procesos se pueden ver como una esperanza?

A veces la opinión pública se preocupa mucho por el tema penal, pensamos que la única sanción es que la persona vaya a la cárcel, pero no debemos olvidar que la función pública es sagrada y se debe proteger eficientemente. Entonces, por lo menos nosotros tenemos un proceso disciplinario que va a permitir que este señor no siga utilizando las entidades publicas para delinquir. Finalmente se trata de proteger el patrimonio de todos, no debemos olvidar que estos son los impuestos que todos pagamos al Estado y deben ser recaudados y administrados de manera transparente. Esa es nuestra misión.

¿Cómo ve al Valle en el tema de corrupción en el recaudo y administración fiscal?

Es preocupante. Uno sabe que es una región que ha sido muy afectada por el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos. El Valle es una región pujante, que tiene un potencial muy alto, pero que lastimosamente está siendo afectada por este tipo de delitos, que desde la ITRC tratamos de combatir.

¿Pero hay casos similares a los de Ambuila?

Sí. Lo que pasa es que hay casos que no podemos anunciar porque están en fase de reserva. Contrario al proceso de Ambuila que ya tiene pliego de cargos y es público. Pero sí le puedo asegurar que estamos investigando y que en el evento en el que se prueben estos hechos corruptos los funcionarios van a ser sancionados. En el Valle, las seccionales de la Dian de Cali y de Buenaventura son de las más afectadas por el narcotráfico y por el lavado de activos, por ende hay actos de contrabando muy frecuentes.

¿Qué decirle a los ciudadanos que les duele casos como los de los Ambuila?

Algo muy importante es que la gente se atreva a denunciar. Por nuestra página web www.itrc.gov.co se puede hacer hasta de manera anónima. A veces el miedo hace que se dificulte la detección de estos hechos, pero hay que cambiar esa mentalidad.