Al parecer, los grupos criminales estarían exigiéndo a los comerciantes y cultivadores de plátanos del municipio de Tuluá, un pago entre 500 y 800 pesos por kilo, para permitirles llegar hasta la plaza de mercado y ofrecer estos alimentos a la comunidad.
Los campesinos afirmaron en una denuncia que serían dos puntos específicos donde miembros de estas bandas revisan la mercancía que traen para vender: el primero está en el corregimiento de Nariño, en la zona rural del municipio, el segundo está cerca al sector de Bicentenario, dentro del casco urbano.
Según uno de los afectados: “Cuando la gente llega ahí con sus carros con plátano, inmediatamente los están parando ahí y les dicen que pues ellos son de tal grupo y tienen que pagar tanto. A un amigo de Venecia y le quitaron $500 por kilo, esto me entristece mucho, imagínense todos los hogares tulueños pagándoles a estos sinvergüenzas para comerse un plátano”.
Cabe destacar que estas últimas extorsiones las dieron a conocer los cultivadores de plátano, varios campesinos ya han denunciado esta misma problemática desde hace varios meses. En el caso del kilo del tomate, la extorsión sería de $3.000, lo que hace que su precio final alcance los 9.000 pesos.
Desarticulan a banda criminal responsable de homicidio y extorsión en el oriente de Cali
La Policía Metropolitana de Cali, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Justicia, logró desarticular durante la última semana a la banda delincuencial conocida como Los V3, haciendo efectivas diez capturas por orden judicial y cinco imputaciones a presuntos integrantes de esta organización.
Entre los delitos que pesan sobre este grupo se encuentran el homicidio, el microtráfico, desplazamientos forzados y extorsiones realizadas a la población de las Comunas 14 y 15, en el oriente de la ciudad.
“Luego de un año de investigación se logró desarticular esta organización criminal con la captura de su líder, alias La madre del diablo, quienes se dedicaban al multicrimen, iniciando con actividades de tierreros, se dedicaban a ubicar terrenos para invadirlos, los ofrecían y bajo sangre y fuego los ocupaban, cobraban para la construcción, cobraban por vigilancia y al que no pagaba le hurtaban sus pertenencias y lo desalojaban de ese territorio”, detalló el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.
Se reveló que el líder de esta estructura criminal se solía identificar con la cédula de un familiar para ocultar que tenía cuatro órdenes de captura vigentes en su contra por homicidio, además de varios antecedentes judiciales por otros delitos. En el operativo se realizaron 20 allanamientos a viviendas por parte del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal y Antisecuestro (Gaula).
De igual manera, fueron incautados varios elementos, entre ellos una escopeta, un arma de fuego de fabricación artesanal, seis cartuchos, 444 gramos de marihuana, 51 dosis de derivados de cocaína y nueve celulares utilizados para la intercomunicación de los integrantes de Los V3.
La investigación arrojó que los criminales exigían sumas que estaban entre los cinco y los 15 millones de pesos a diferentes personas para permitirles habitar en la invasión de Brisas de Comuneros, cifra que variaba de acuerdo con las características de cada vivienda construida.
Pero el acto delictivo no paraba allí, ya que una vez las familias se asentaban en esas viviendas, los capturados continuaban cobrando una cuota mensual de 150.000 pesos, la cual ascendía hasta los 300.000 pesos si la vivienda traía incluidos los servicios públicos domiciliarios.
Sin importar si los inquilinos no cumplían, la banda criminal solo los desalojaba, no sin antes robarles sus pertenencias, y el ciclo volvía a iniciar con nuevas personas, a quienes hacían las mismas exigencias.
A la banda criminal se le atribuye la comisión de seis casos de desplazamiento forzado y por lo menos 20 homicidios, de los cuales diez ya fueron esclarecidos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, sumando entre todos ellos la importante cifra de más de 50 anotaciones y antecedentes judiciales.
La decisión de un juez fue dictarles medida de aseguramiento intramural por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, hurto, porte ilegal de armas de fuego e instrumentalización de menores para la comisión de delitos.