El comandante del Ejército Nacional en el Cauca, el general Federico Mejía, define a El Plateado, corregimiento de Argelia, sur del departamento, como ‘el Wall Street’ de la economía ilegal de las disidencias de las Farc; es decir, el área más importante y con mayor presencia criminal del suroccidente colombiano.
Este municipio que se encuentra sitiado con explosivos de detonación rápida y otros a remoto, cámaras que registran el más mínimo movimiento y una ubicación estratégica con la población civil como escudo humano, es casi un fortín en el que ni la fuerza pública puede entrar.
El frente Carlos Patiño, antiguos socios de Iván Mordisco, son el grupo armado que controlan este territorio del Cauca.
El Plateado queda sumergido entre las imponentes montañas del cañón del Micay y desde hace varias décadas es un paso obligado para sacar las toneladas de droga que se producen en el macizo hacia el Pacífico caucano.
Las rutas porosas conducen a puertos como Guapi, Timbiquí, López de Micay, que a su vez conectan con Tumaco por el sur, si el destino es Ecuador, y Buenaventura por el norte, si el rumbo es directamente Centroamérica.
Las disidencias de las Farc hicieron de este lugar un nicho criminal tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Su poder creció rápidamente, instrumentalizaron a la población civil, obligaron a sacar al Ejército con un par de asonadas y tomaron el control del territorio.
Los disidentes caminan por el casco urbano de El Plateado, donde residen aproximadamente 8.000 personas, con sus armas largas, incluso en el parque principal tienen una carpa de atención a la comunidad; allí mismo han masacrado a varios pobladores para mostrar su maldad.
“Ya nos acostumbramos a vivir con la zozobra de quién será el siguiente”, aseguró un profesor de la zona a la revista Semana, quienes le interrogaron sobre la escala de asesinatos que nunca se reportan, pero que todos saben cómo y cuándo ocurren.
La violencia en el municipio se tornó más fuerte en el 2020, cuando el frente Carlos Patiño inició una cacería en el corregimiento. Registraron casa por casa y sacaron a quienes ellos consideraban traidores por apostarle a la sustitución de cultivos ilícitos y los asesinaron con sevicia.
De acuerdo con datos oficiales, desde la firma del Acuerdo de Paz en esta zona han asesinado a 17 líderes sociales y diez firmantes que no quisieron retornar a las dinámicas violentas.
“Aquí han matado gente por sospechas, y últimamente ellos (los disidentes) están paranoicos, sienten que les pisan los talones, entonces arrecian contra la población civil, a la gente la matan en la plaza principal y luego se los llevan para el monte (...) Y aquí uno a quién le pone quejas, si la ley son ellos mismos”, agregó el profesor.
Ante esto, el director de la Policía, general William Salamanca, reconoció en un mensaje que sus uniformados no podían ingresar a este municipio porque “no hay garantías de seguridad”.
Así mismo, el general Federico Mejía, asegura que: “nos colocaron unos 4.000 campos minados en las partes altas, porque ellos no van a permitir que nadie les llegue por las partes altas, las entradas al casco urbano están monitoreadas por cámaras de seguridad, las tres entradas vehiculares están llenas de explosivos controlados a control remoto”.
El fortín de las Farc es también un campo de concentración de las peores prácticas criminales, donde nadie puede entrar ni salir sin el permiso de los miembros de las Farc del frente Carlos Patiño.