El departamento del Cauca y el sur del Valle fueron noticia nuevamente la semana pasada por los crudos atentados y hostigamientos que acabaron con la vida de cuatro personas y dejaron heridas a varias más. Hechos que no son nuevos y que se vienen repitiendo desde hace algunos meses, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender el cese al fuego que había decretado con esa guerrilla en esa zona del país y luego no negociar más con ellos. Esto, luego de un ataque contra las comunidades del resguardo indígena de Tacueyó, en Toribio, y varias violaciones a ese acuerdo.
Desde ese momento y hasta la fecha, ese grupo armado ha ejecutado activaciones de carros bomba, ataques armados contra la Policía, colocado explosivos en las carreteras y secuestrado e intimidado a la población. Hechos que no han podido ser controlados por parte de las autoridades.
Por eso, ante la ineficacia de las medidas adoptadas, el Gobierno anunció un nuevo paquete, entre las que se encuentran el fortalecimiento de la inteligencia para prevenir ataques, el aumento del pie de fuerza con 300 militares y 200 policías en los próximos días; y el ofrecimiento de recompensas.
Otra de las consecuencias, aunque el Gobierno no lo reconoce públicamente, pero fuentes militares sí lo afirman, fue la salida esta semana del comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina. A su ida, Ospina reconoció que hubo desaciertos en la institución durante su gestión, pero resaltó su compromiso.
“Dejo de portar el uniforme de manera oficial, pero nunca dejaré de ser un soldado en defensa de la democracia”. En su reemplazo fue nombrado Luis Emilio Cardozo Santamaría.
¿Quién está detrás de la violencia?
Fuentes de inteligencia dan cuenta de que luego de la fragmentación de las disidencias, precisamente con la suspensión del cese al fuego en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, su máximo jefe, no solo se levantó de la mesa, sino que ordenó el aumento de las acciones criminales en esos departamentos. Como es conocido, este hombre lleva más de 15 años delinquiendo y se enlistó primero como guerrillero raso. En 2016 no estuvo de acuerdo con el proceso de paz, y sus críticas hacia el mismo hicieron que no se acogiera a él.
Detrás de él operan cuatro personas que siguen sus órdenes. El primero de ellos es Óscar Eduardo Sandoval, alias Mocho, cabecilla principal del bloque occidental Jacobo Arenas, y quien tiene vínculo directo con alias Iván Mordisco.
También está Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, jefe del frente Carlos Patiño, que opera en los municipios de El Tambo, Argelia, Balboa y Patía. “Con esta estructura han sido los combates más fuertes del Ejército en las últimas semanas, dado que controla el cañón del Micay, una zona estratégica para el tráfico de narcóticos y el dominio territorial”, explican desde inteligencia.
Las otras dos personas son Wilmar Pazu Rivera Cholinga, cabecilla de la columna Dagoberto Ramos, con movilidad hacia Huila y Tolima. Este hombre está implicado en delitos como extorsión, porte de armas y reclutamiento de menores.
Por último, está Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como Marlon Vásquez, comandante de la estructura Jaime Martínez, quien cuenta con el apoyo del frente 30.
Recompensa de $500 millones
El ataque con una motobomba en Jamundí y el hostigamiento a la estación de Morales, Cauca, la semana pasada, fue cometido por la estructura Jaime Martínez. Por eso, luego de un consejo de seguridad, el Gobierno ofreció 500 millones por información que permita dar captura de los seis máximos cabecillas de esa estructura. Entre ellos, Jacobo Idrobo Arredondo, su máximo jefe. Reportes de inteligencia dan cuenta de que tiene una trayectoria criminal que se extiende a las extintas Farc, sumando más de 20 años alzado en armas. Su área de influencia se extiende en el Valle, Quindío, Tolima y Huila. Además, fungió como delegado para el proceso de paz con el actual Gobierno.
Dentro de los señalados en el cartel se encuentra también Jhon Edinson Piamba, alias Esteban Medina. Este hombre es señalado como coordinador y articulador de actividades de disputa territorial contra el ELN y la Segunda Marquetalia en el sur del Cauca. En el Valle ha liderado comisiones armadas para afectar Buenaventura, Dagua y actualmente, Jamundí.
Otro de los señalados es William Andrés Daza, alias Pincher. Este sujeto sería el encargado de realizar extorsiones, secuestros y homicidios selectivos en zona rural de Jamundí. Es muy cercano a alias Marlon Vásquez.
A pesar de que no fueron incluidos en el cartel, las autoridades también buscan, por estar involucrados en esos hechos, a alias El Paisa, quien delinque en los municipios del norte del Cauca, especialmente en zona rural de Buenos Aires; alias Huevito, temido entre la población indígena y raizal de Suárez, por ser dinamizador de actividades delictivas para el fortalecimiento de las rentas criminales; y el Indio, quien es señalado de hostigamientos y acciones armadas contra pelotones del Ejército. Lidera la comisión armada en Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez.