La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, volvió a imputar al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, en relación con una presunta defraudación al erario público que ascendería a más de 17.000 millones de pesos. En mayo de este año había sido imputado por contratación irregular por más de $26.869 millones.
Los hechos objeto de investigación se remontan al año 2015, cuando el exmandatario supuestamente estuvo involucrado en la presentación del proyecto de inversión ‘Desarrollo de soluciones energéticas híbridas para el suministro de energía eléctrica en el departamento del Amazonas’ ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En esta ocasión, se alega que Rodríguez Celis instruyó a sus colaboradores para emitir certificaciones que indicaban que el proyecto formaba parte del Plan de Desarrollo Departamental, a pesar de que esto no reflejaba la realidad.
Además, se afirma que presentó una certificación de la empresa EEASA ante el DNP, con el propósito de demostrar que el proyecto era sostenible, cuando en realidad no lo era, dado que dicha empresa carecía de la concesión del servicio de energía en la región y no tenía la capacidad para respaldar la sostenibilidad del proyecto.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, el proyecto de inversión y los contratos derivados de él nunca debieron ser tramitados ni celebrados, ya que existían alertas emitidas por el Ministerio de Minas que advertían al exgobernador sobre la inadvisabilidad de continuar con el proceso de selección. No obstante, se alega que Rodríguez Celis prosiguió con dichas acciones.
Estas supuestas actuaciones habrían resultado en una sustancial afectación a las finanzas de la administración pública. Los elementos de prueba recabados indican que el exmandatario habría transgredido los principios de pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión, ya que se trata de recursos pertenecientes al Sistema General de Regalías.
En virtud de estos acontecimientos, la Fiscalía ha imputado al exgobernador el delito de peculado por apropiación en beneficio de terceros, atribuyéndole el papel de autor material en el presunto desvío de fondos públicos.
Imputado por contratación irregular en Amazonas
En mayo pasado, la Fiscalía General presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, al exgobernador de Amazonas Carlos Arturo Rodríguez Celis, a quien señaló de celebrar un amañado contrato millonario.
Según el ente acusador Rodríguez Celis, mientras fungía como mandatario departamental y por ende ordenador del gasto, desatendió alertas de distintas entidades que le pidieron detener la licitación de un contrato sospechoso en el que se detectaron varias irregularidades en el trámite. Se trató, de acuerdo con la Fiscalía General, de un proyecto de generación alternativa de energía.
“En marzo del 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías. Ante esta instancia habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización”, dijeron las autoridades.
Dentro de los requisitos esenciales, por ejemplo, está que la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas de los años 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.
“El material de prueba da cuenta de que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. Una con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto”, reveló la investigación en contra del exmandatario.
De esta manera, los funcionarios del Órgano Colegiado de Administración y Decisión fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía.