La Jurisdicción Especial para la Paz imputó este miércoles, 13 de noviembre, a seis ex integrantes del Secretariado de las Farc por el Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra como malos tratos, tortura, homicidio, violencias sexuales y reproductivas y por prejuicio.
Los llamados a asumir responsabilidad son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos.
Los seis exintegrantes del último secretariado de las Farc aceptaron la imputación hecha por la JEP por el reclutamiento de 18.677 niños. “Como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto”, se lee en un comunicado de los exmiembros de la guerrilla.
Y aseguraron, además, que una vez sean notificados con sus abogados responderán a los requerimientos de la justicia. “En cuanto nos sea notificado procesalmente, nos concentraremos en su estudio y revisión para dar respuesta oportuna a los requerimientos de la jurisdicción”, indicaron.
“La magistratura determinó que cada uno de los comparecientes, con sus acciones y omisiones durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados”, detalló en una rueda de prensa en Bogotá la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad y relatora del Caso 07, Lily Rueda Guzmán.
Asimismo, la JEP explicó que la categoría de “máximo responsable” en este caso no solo depende del cargo que los imputados tenían en la estructura de la organización, sino de su liderazgo y poder para influir en las decisiones estratégicas de las extintas Farc.
Al participar en las Conferencias Nacionales Guerrilleras, donde se definían las políticas de la organización, los acusados pudieron haber prevenido o detenido los crímenes, pero no tomaron medidas para hacerlo.
Un fallo riguroso
Para fundamentar esta decisión, la Sala de Reconocimiento se basó en 77 informes presentados por organizaciones de víctimas, ocho informes estatales y 951 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y familiares de menores desaparecidos.
Estas evidencias permitieron reconstruir el reclutamiento de 805 menores, de los cuales el 56% eran niños y el 44% niñas. Además, se acreditó colectivamente a comunidades étnicas como los pueblos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, sumando 8.903 personas, quienes también sufrieron los efectos de estos patrones de violencia.
“Se trata de un fallo riguroso, construido a lo largo de seis años y respetuoso (…) de la dignidad y la intimidad de las víctimas”, detalló el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien enfatizó que el Caso 07 “aborda uno de los capítulos más dolorosos, sensibles e invisibilizados” de la guerra.
A lo largo de ocho meses, la justicia transicional armonizó 906 horas de grabaciones con las voces, testimonios e imágenes de 951 víctimas acreditadas, entre ellas sobrevivientes de los distintos bloques de las antiguas Farc, especialmente del Bloque Oriental.
“Estamos ante una decisión judicial elaborada entre las voces de las víctimas valientes y resilientes, quienes, luego de años, decidieron romper el silencio para contar sus historias”, expresó Ramelli, destacando el coraje de aquellos que, siendo muy niños, fueron reclutados forzosamente por las antiguas Farc.
Para estos menores, la guerra robó su inocencia, su infancia, su educación, sus juegos y sus sueños, reveló el presidente de la JEP.
“Gracias por habernos confiado sus vidas sobre hielo, sus tragedias y su seguridad”, afirmó, subrayando que este proceso es un llamado a la sociedad y a la nación para reflexionar sobre las injusticias sufridas por estos niños y niñas.
*Con información de Colprensa.