La Fiscalía General imputó al exjuez laboral de Buenaventura, Valle del Cauca, Wilson Escarria Camacho, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Los hechos ocurrieron entre enero y noviembre del año 2019, cuando el entonces togado habría favorecido a terceros para que se apoderaran de más de 23.000 millones de pesos del Magisterio Nacional.
Un fiscal especializado formalizó la imputación de cargos ante un juez, sin embargo, Escarria Camacho no admitió las actuaciones irregulares por las que es acusado.
El exservidor judicial, quien se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario de Cali por otras actuaciones presuntamente irregulares, es señalado de reformar y agrupar en siete procesos ejecutivos irregulares las demandas de decenas de profesores en contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio por pagos atrasados de cesantías.
Según detalló la Fiscalía, en cada actuación había entre 50 y 300 reclamantes. Entre enero y noviembre de 2019, el entonces juez emitió 53 decisiones de fondo y accedió a las pretensiones de los docentes.
El ente acusador precisó que los elementos de prueba dan cuenta de que intervino sin ser el juez competente para emitir los fallos e incluso sustentó sus argumentos en normas derogadas.
También se identificó que el exfuncionario ordenó el embargo de cuentas de entidades del Estado, algo que prohíbe la ley. De los siete procesos que asumió, cinco fueron revocados en segunda instancia.
Sin embargo, por los que quedaron en firme se recibieron en depósito judicial más de 23.000 millones de pesos, que habrían sido direccionados a los abogados delos profesores demandantes. De ese modo, el juez, procesado y judicializado, falló millonarias demandas con el supuesto argumento de pagar cesantías a los docentes.
*Con información de Colprensa.