Expansión de cultivos de coca es la causa principal de violencia en el Cauca: expertos

La masacre de seis personas en Suárez, Cauca, que dejó entre las víctimas a Karina García, candidata a la alcaldía de esa localidad, ocurrió en un contexto de crecimiento sostenido de cultivos de hoja de coca no solo en esa localidad sino en general en esa región del suroccidente colombiano.

Así, por lo menos, lo advierten datos procesados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, con base a los informes Simci de las Naciones Unidas, que muestran que los cultivos de esa mata ilegal aumentaron en más de 4500 hectáreas entre 2016 (12.595 hectáreas), año que se firmó el Acuerdo de Paz, y el 2018 (17.117 hectáreas) en el Cauca.

Además, las siembras de la mata ilegal en esa zona del país han tenido un crecimiento exponencial desde el 2013, al pasar de 3326 hectáreas ese año a un total de 17.117 en 2018, 13.791 hectáreas más con plantaciones de coca.

En las estadísticas se muestra que municipios del Sur y Pacífico caucano son más cocaleros que la región del Norte, de la que hace parte Suárez, que tenía a 2018 casi 384 hectáreas de hoja de coca (en 2017 registró 267 hectáreas), siendo el octavo municipio de ese departamento con más siembra de esa mata ilegal. En un poco más de 300 hectáreas de esas siembras está Cajibío y Morales.

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Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, hay que tener cuidado a la hora de hacer una correlación de cultivos de hoja de coca con hechos recientes de violencia en el Cauca, como la masacre de Suárez y varios dobles homicidios en días pasados.

“Hay que tener cuidado porque el Cauca tiene tres guerras diferentes. Una en el Norte, otra en el Pacífico y otra al Sur, en el caso de Argelia, Balboa, Bolívar... La concentración más grande de cultivos de uso ilícito está en el Sur, es decir, donde no sucedió el asesinato, por ejemplo, de la candidata. En el Norte es mucho más marihuana, también hay coca, no lo niego, pero ahí la influencia de la coca es baja. Obedece más a los corredores del narcotráfico, obedece más a la salida hacia el Pacífico y todo eso tiene que ver con el Naya”, explica el experto.

Ávila no se atreve a dar un número preciso de cuántos grupos armados ilegales tiene el Cauca en todas sus regiones, solo atina a decir que hay disidencias de las Farc, ELN, EPL y algunos ‘ejércitos’ privados que velan por la seguridad de narcotraficantes.

Para el analista de Paz y Reconciliación, el sur del Cauca es la zona con mayor complejidad si se tiene en cuenta que hay una disidencia de las Farc que comparte territorio con frentes del ELN y algunos grupos de narcotraficantes.

“Esto, sobre todo, afecta a Argelia, parcialmente a Bolívar, regiones que conectan con Policarpa, Cumbitara y El Rosario, en Nariño”, agrega Ávila, quien indica que la presencia de narcotraficantes, grupos armados ilegales y la minería ilegal en el Pacífico caucano sometarán a esa región a un conflicto que podría tomar años.

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El repunte en el área cultivada con coca en el Cauca y otras regiones del país estaría explicado por la acción de grupos armados diferentes a las Farc, que llegaron a copar las zonas cocaleras abandonadas por la antigua guerrilla, o por incentivos que generó el Acuerdo de Paz firmado con esa guerrilla.

Así lo plantea el estudio ‘Proceso de paz con las Farc y cultivos de coca en el periodo 2013-2017’, un documento difundido la semana pasada y realizado por cuatro investigadores del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Cede, de la Universidad de los Andes, quienes encontraron que de 2012 a 2017 se evidenció que, en municipios donde las Farc tuvieron presencia continua durante el periodo de negociación, hubo un aumento de 604 hectáreas de cultivos ilícitos, en promedio, por municipio.

Hernando Zuleta, director del Cede, cuenta que aunque no lograron determinar las causas reales detrás de la expansión en los cultivos ilegales en el Cauca y el país en general, el equipo de investigadores considera que los beneficios prometidos en el Acuerdo de Paz, en materia de sustitución de cultivos, crearon una especie de ‘boom’ entre las familias que decidieron ponerse a sembrar coca, a la espera de las ayudas acordadas en el Acuerdo entre las Farc y el Gobierno.

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“En municipios con histórica presencia de las Farc vimos un crecimiento en la siembra de hoja de coca. Durante las negociaciones fue superior, más o menos, en 600 hectáreas por municipio. El otro hallazgo en esos espacios fue que las intervenciones en erradicación de cultivos ilícitos y la destrucción de laboratorios fue menos intensa en municipios de Farc que en localidades que no tenían presencia de ellos”, añade.

Zuleta cree que la premisa del Gobierno durante los diálogos de paz que rezaba ‘Nada está acordado hasta que todo esté acordado’, pudo haber sido un estímulo para que la Fuerza Pública no copara a tiempo los terrenos que eran de la extinta guerrilla, favoreciendo la ocupación de los mismos por otros grupos armados ilegales.

Santiago Tobón, experto en seguridad ciudadana y análisis de economías del crimen, dice que los problemas de orden público en el Cauca, en todas sus latitudes, no solo responden a la siembra de hoja de coca, también hay una incidencia fuerte de la minería ilegal, sobre todo en el Pacífico, dos economías ilegales detonantes de la violencia.

“Aparte de los cultivos ilícitos está la minería ilegal que abarca mucha incidencia del ELN y las disidencias de las Farc. Es una mezcla de factores, están estos dos elementos sumados a la ausencia del Estado con una limitación en la provisión de bienes públicos”, expresa Tobón.

La situación de violencia que padece el Cauca es compleja, si se tiene en cuenta, añade la fuente, que aunque no hay territorios vedados para la Fuerza Pública, sí hay espacios en los que mandan los grupos armados ilegales, la ley la instauran ellos en comunidades.

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“Hay lugares donde el monopolio y uso de la fuerza lo tienen grupos armados ilegales. La interpretación mía con esto es que pasa algo similar a lo que sucede en el Bajo Cauca, donde el principal activo de estos grupos es el control territorial... si tienen eso, mandan en los cultivos ilícitos. Esto les permite preservar ese control territorial y asegurar el territorio para más materia prima que pueda servir para la producción de cocaína”, agrega el experto.

Para dar una mirada en contexto, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en 2018 el país cerró con una ligera reducción en cultivos ilícitos, al pasar de 171.000 hectáreas a 169.000, de las cuales 62.446 estaban en el Pacífico, casi un 37 % del total de sembrados ilegales en el país.

En cuanto a las zonas más afectadas, Nariño sigue siendo la región con mayor afectación (41.903 hectáreas), pese a que esa zona presentó una reducción del 8 % en el área sembrada con coca. Los mayores incrementos se presentaron en Norte de Santander (19 %), Bolívar (39 %) y Cauca (7 %).
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En el Suroccidente, El Tambo y Argelia (Cauca); El Charco-cuenca alta del río Telembí (Nariño); el Naya (Valle); Tarazá-Valdivia (Antioquia), y San Pablo (Bolívar), la coca mostró alta concentración, superando las diez hectáreas de hoja de coca por kilómetro cuadrado.

María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Cesed, tiene en curso un estudio sobre cultivos ilícitos en territorios afro del Pacífico, principalmente en zona rural de Buenaventura.

“Aunque no hemos analizado el caso del Cauca, lo que vemos es que desde 2001, cuando en Putumayo y Caquetá empezaron a disminuir los cultivos ilegales, estos entraron a Nariño y subieron al Cauca. Estamos investigando si es una especie de efecto contagio, es decir, ‘como mi vecino siembra coca, yo también’”, añade Vélez.

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