Unidades del grupo Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo adscritos a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional del Batallón de alta montaña número tres, dieron captura a dos hombres y una mujer, los cuales pretendían realizar explotación ilícita en los Farallones de Cali, en el corregimiento la Felidia, vereda la Lionera, sector el Pato.
Es de anotar que los capturados se movilizaban en un vehículo particular, el cual fue abordado en un puesto de control realizado entre la Policía y el Ejército, los cuales transportaban 115 barras de indugel, 200 metros de mecha de seguridad, diez bolsas de anfo, cada una de tres kilos aproximadamente, y un taladro, ya que no contaban con el amparo de un título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, Licencia Ambiental o su equivalente en la normatividad vigente.
De igual manera, en diferentes labores de registro e identificación se incautaron un demoledor, dos puntas de demolición, botas e impermeables para la utilización en estas mismas actividades delictivas.
En lo corrido de este año se han intervenido cuatro veredas en este sector, registrado más de cien vehículos y capturado siete personas por diferentes delitos, entre los que se resalta la lucha frontal contra la afectación al medio ambiente.
Los individuos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Cabe decir que, según las cifras del Ministerio de Defensa, en lo que ha corrido del gobierno del presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares han evitado que los grupos de minería ilegal obtengan ganancias por cerca de 400.000 millones de pesos.
De acuerdo con la entidad, durante los últimos siete meses se ha evitado la extracción de, al menos, 1,4 toneladas de oro de minas ilegales, las cuales se encuentran principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y la Amazonía.
Durante esta administración, las autoridades lograron la incautación y destrucción de 894 unidades de maquinaria utilizada para la extracción de minerales y, con ello, se impidió la utilización de cerca de 7.146 kilogramos de mercurio para la extracción del oro, mineral que tras el proceso de extracción termina contaminando los ríos aledaños.
Estas cifras corresponden a lo que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante la presentación de la política de seguridad y defensa del Gobierno nacional, calificó como una de las prioridades de la fuerza pública, dado que es una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones ilegales, que ya supera a los ingresos generados por el narcotráfico.
“La gran minería ilegal es una fuente gigantesca de financiamiento de estas estructuras armadas y probablemente de otros dueños que están detrás de esas estructuras”, manifestó el ministro.
Las cifras, sin embargo, palidecen cuando se comparan con la magnitud de este negocio ilícito, según los cálculos hechos por diferentes estudios.
En un reciente informe, la Contraloría General de la Nación estimó que la minería ilegal de oro en el país produce cerca del 63 % de las 53 toneladas que anualmente se explotan en el país, es decir, por lo menos más de 30.
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los cinco millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el Chocó, sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas cuatro a cinco grandes organizaciones criminales”, aseguró el contralor delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.
Según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la unidad especial que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se estima que el mercado del oro ilegal mueve unos diez billones de pesos anuales en el país, lo cual no difiere mucho de lo estimado por el Departamento de Planeación Nacional, que estima que la minería ilegal podría generar entre dos mil millones y tres mil millones de dólares en ganancias anualmente, que, con el cambio de dólar, es una suma equivalente.
Y pese a esta magnitud, toda la producción proviene en su mayoría de unidades de explotación pequeñas. Un censo realizado por las autoridades muestra que de las 10.384 minas más pequeñas reseñadas, 6.812 funcionan de forma ilegal. Atomización del negocio que dificulta aún más el control.
Informes de las autoridades reportan que en al menos 400 municipios, de los más de 1.100 que hay en el país, se presentan actividades de minería ilegal.
El impacto ambiental
Además del problema de inseguridad que generan las actividades de minería ilegal, los efectos ambientales también son inmensos, en especial en zonas consideradas como parques nacionales y zonas de reserva ambiental.
Reportes de la Contraloría General señalan que en 1990 Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido más de seis millones de hectáreas. Las actividades delincuenciales como el narcotráfico y la minería ilegal son responsables de buena parte de esa destrucción.
Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque. El impacto de esta situación se evidencia principalmente en la Amazonía y el departamento del Chocó.
De acuerdo con la Procuraduría, sin una coordinación estrecha entre autoridades locales y nacionales es imposible lograr éxitos contra este fenómeno.
“Hoy, un sector de la minería ilegal guarda una estrecha relación con grupos al margen de la ley y con procesos de narcotráfico y lavado de activos presentes en territorios mineros. La autoridad local y regional muchas veces se encuentra en incapacidad de hacer frente a esta amenaza que se cierne sobre la gobernabilidad, lo cual obliga a que se establezcan acciones de coordinación entre estas autoridades con la fuerza pública, a efectos de impedir la permeabilidad de fuerzas ilegítimas en la actividad minera”, señaló la entidad.
*Con información de Colprensa y El País.