Entre enero y septiembre del presente año Colombia registró 6563 denuncias por casos de extorsión, es decir, 21.31% menos frente al mismo periodo de 2021, según datos del Ministerio de Defensa. Bogotá es la ciudad con más casos denunciados, con un registro de 924, seguida de Cali, con 306 y Medellín, con 230. No obstante, la capital del Valle es la urbe con el mayor porcentaje de este delito por cada 100.000 habitantes.

Con corte al mes de agosto, según el informe de Cali Cómo Vamos, por cada 100.000 habitantes la ciudad reporta una tasa 13.4 % denuncias de extorsión, mientras que la capital de la República presenta 11.7 %, esto tiene en alerta a las autoridades locales, las cuales están promoviendo, en el sistema de transporte público, el uso de la línea 165 del Gaula para invitar a la ciudadanía a denunciar.

Para el experto en seguridad Alberto Sánchez, estas cifras no revelan la magnitud total de la problemática, pues “este es el delito que probablemente ocurre en todas las ciudades y sobre el que menos se sabe. Con los registros evidenciamos temas como el hurto, homicidios o sicariato, pero sobre la extorsión la información es mínima ya que es un crimen poco registrado. Es muy difícil decir que la situación de Cali sea peor que la de otras ciudades del país porque en realidad no se sabe”.

Una visión similar tiene el investigador de la Universidad Eafit de Medellín, Andrés Preciado, quien aseguró: “De este fenómeno se sabe poco y esto pasa porque las fuentes de información son muy precarias, pues solo hay dos. La primera son las denuncias y estas son muy bajas en el país, ya que uno de los problemas que ocurre dentro de las comunidades es la interrelación entre el extorsionado y el extorsionista. Muchas personas son víctimas de este delito y no lo saben”.

“Un claro ejemplo es la gente que paga por ‘seguridad’ a una banda criminal, este tipo de vacuna es una extorsión y muchos lo ven como un servicio. Esto nos lleva al segundo problema que son las encuestas de percepción, ya que para identificar este delito la forma de preguntar es fundamental y se debe ser muy claro para que la persona entienda que puede estar siendo extorsionada”, dijo Preciado.

Según los expertos, la dinámica de este delito puede variar no solo entre ciudades, sino entre sectores de una misma urbe. Según el informe de Cali Cómo Vamos, la zona más afectada por la extorsión en la ciudad es la Comuna 17, sector donde se encuentran barrios como El Ingenio, Primero de Mayo, Caney y La Hacienda y donde hasta agosto pasado iban 25 casos.

“En la Comuna 17 predominan los estratos 4 y 5. Además, limita con las comunas 18 y 19, es decir, la zona sur y suroccidental de la ciudad y esto tiene implicaciones al converger con corredores críticos, ya que la extorsión se convierte en mecanismo de consolidación del control urbano”, sostuvo Alberto Sánchez.

El experto explicó que las estructuras criminales extorsionan a personas que tienen ciertos perfiles comerciales, por ejemplo, a un señor que vive en El Ingenio cuyo negocio es mover mercancía por los municipios del Valle, lo pueden extorsionar para que su actividad pueda operar o incluso para que se preste para la comisión de otros delitos como el contrabando.

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Por otro lado, en las zonas populares la extorsión tiene un enfoque más allá de la recaudación ilícita de dineros, pues su objetivo es la consolidación de los grupos delincuenciales en el sector, ejerciendo control sobre los habitantes.

“En zonas populares la extorsión es un tema mucho más de control social, es decir, extraer renta de cualquier tipo de actividad, incluso cuando eso implica atentar contra la integridad de las personas que les están pagando. A esas víctimas les cobran por no querer hacer algo que la estructura criminal requiere que hagan, como prestar a los hijos para que se adhieran a la organización o hacer favores, apoyo logístico, cualquier actividad que la banda necesite y que la gente se niegue a hacer termina siendo un motivo de cobro”, afirmó Alberto Sánchez.
A esto se le suma que el control que ejercen estas estructuras criminales se daría por medio violencia, pues “al que no obedece le cobran y al que no paga lo mandan a matar”, declaró el experto.

En diálogo con El País, un líder social de una de las invasiones en inmediaciones al Distrito de Aguablanca relató: “Nos cobran para poder movernos entre las calles o para que no nos desalojen, pero al final muchas familias terminan desplazadas ya que los miembros más jóvenes son objetivo de estos grupos que los buscan para reclutarlos”.

El mayor Adrián Eduardo Ramos, del Gaula de la Policía de Cali, le pide a las personas que reporten a la línea 165 todo tipo de extorsión de las cuales puedan ser víctimas. También reiteró que todo es bajo total reserva. “Hemos evidenciado que muchas personas pueden ser víctimas de este delito pero no se atreven a denunciar, lo que buscamos es generar confianza y que el ciudadano se sienta tranquilo”, dijo.