El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de 19 años de cárcel contra cuatro miembros de la llamada primera línea por disturbios ocurridos en noviembre de 2019 durante el paro nacional en Colombia.
Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla fueron procesados por los cargos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.
El alto tribunal determinó que estas personas participaron en disturbios registrados entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, en Bogotá. La ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco tuvo en cuenta las pruebas de la Fiscalía, como interceptaciones telefónicas que permitieron concluir que los jóvenes implicados se reunieron con exmiembros de la guerrilla de las Farc.
De acuerdo con el fallo, Wilson Reinel Moreno, conocido como alias Martin o Negro, obedecía a un plan de la Segunda Marquetalia, creado por las disidencias de las Farc, que diseñaron una estrategia de movimientos de masas en zonas urbanas llamándolas uniones solidarias.
“Flórez Durán, fue la coordinadora y estructuradora para entrenar a los jóvenes en las universidades, ¿y para qué los iban a entrenar? ¿para jugar fútbol, jugar ajedrez, tocar un instrumento? no, los entrenaban para infiltrarse de forma violenta en las manifestaciones como sucedió”, argumentó el magistrado.
Las cuatro personas fueron condenadas por instrumentalizar a otros ciudadanos para que dañaran el sistema de transporte en Bogotá, pues detonaron una serie de acciones vandálicas entre noviembre y diciembre de 2019.
Según conoció El Tiempo, el fallo de 85 páginas señala que los miembros de las disidencias de las Farc se infiltraron en las protestas sociales para ”bloquear vías, tirar piedra y atacar a los miembros de la fuerza pública e incitar a realizar hechos violentos”. Además de sembrar zozobra en la ciudad capital, estas acciones dejaron daños estimados en 2.800 millones de pesos.
Condena a gestor de paz
Hace una semana, un juez de Bogotá condenó a Steven Guevara Vega, señalado integrante de la primera línea en Engativá, por los delitos que cometió en medio de las manifestaciones que se registraron durante el paro nacional de 2021 en el país.
La condena se conoció luego de que el joven firmara un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por la jueza 28 de conocimiento de Bogotá. En su decisión, la togada explicó que Guevara Vega no puede obtener beneficios como la prisión domiciliaria, por lo que seguirá en prisión.
Vega hizo parte, según la investigación, de la primera línea Engativá. Al momento de su captura y luego de ser presentado ante un juez, la Fiscalía explicó que este hombre y otras 12 personas estarían involucrados en la elaboración de bombas incendiarias y otros artefactos utilizados para confrontar a las autoridades y generar daños.
La investigación también dio cuenta de que esas personas habrían exigido dinero para permitir el paso de motocicletas y vehículos en determinados puntos de la ciudad. Además, son señalados de destruir un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en la localidad de Suba.
En 2023, Vega fue escogido como gestor de paz por el Gobierno, por lo que solicitó su libertad. Sin embargo, esto nunca sucedió porque la juez que estudió el caso se declaró impedida para tramitar esta solicitud.
“Resulta improcedente, por carecer de competencia, pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de libertad, pues la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el Juez de Control de Garantías”, explicó la juez en el documento.
Meses después, la Corte Constitucional le dio visto bueno a la ley de paz total del Gobierno, pero dejó claro que el Ejecutivo no podía liberar a miembros de la primera línea sin justificación, hecho que frenó ese tipo de solicitudes.
*Con información de Colprensa.